El gobierno difirió por tercera vez el lunes el anuncio destinado a informar los detalles del impuesto que proyecta imponer a propietarios de tierras productivas, en un tema que concentró la oposición de los sectores agropecuarios y dividió al oficialismo.

El subsecretario de Industrias, Edgardo Ortuño, informó a la prensa al fin del consejo de ministros que "el tema no se consideró en la jornada de hoy" y que "a la brevedad", habrá otra instancia.

No se entró en detalles de la nueva postergación del anuncio del nuevo impuesto lanzado sorpresivamente a la opinión pública por el presidente José Mujica y que causó malestar incluso a su ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, que dijo haberse enterado por la prensa.

También originó un visible rechazo del vicepresidente Danilo Astori y del ministro de Economía, Fernando Lorenzo que no contemplaban esa medida tributaria.

Astori hasta discrepó públicamente con Mujica, cuando ambos hablaron por distintas radioemisoras la semana anterior, y advirtió que se quebraban las reglas de juego impositivas y era un riesgo para futuras inversiones. Mujica dijo que no cambiaba ninguna regla.

Dirigentes de la Asociación y de la Federación Rural del Uruguay, coincidieron en rechazar un nuevo impuesto a la tierra que afectaría a propietarios de tierras de 2.000 a 5.000, hectáreas, que debería pagar ocho dólares por hectárea.

Los dueños de 5.000 a 10.000 hectáreas que pagarían 12 dólares por cada una de ella, y los propietarios de más de 10.000 pagarían 16 dólares por hectárea.

"A esa gente poderosa le pedimos que colaboren en los problemas de infraestructura que tenemos", comentó Mujica. "Históricamente todos hemos perdido el sentido de solidaridad en nuestra vida, los hombres más fuertes tienen que ayudar un poco un más", agregó en declaraciones la prensa a fines de la semana pasada.

Se espera que con ese impuesto puedan recaudarse unos 60 millones de dólares, lo cual se considera insuficiente para las carencias de infraestructura como carreteras y ferrocarril, en momentos en que la economía sigue creciendo como el 2.3% de incremento del Producto Interno Bruto (IPB) del primer trimestre de este año.

El presidente de la Federación Rural, Miguel Sanguinetti, declaró que "no se puede perder de vista que la inversión extranjera ha dado trabajo a muchos uruguayos. Hay que tener un equilibrio. Si frenamos la extranjerización (que los extranjeros sean propietarios de tierras) podemos dejar a muchas personas sin trabajo".

Y, el presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), José Bonica, dijo que el gravamen a la tierra propuesto por Mujica obedece a un asunto "ideológico" y descartó que tuviera el objetivo de solucionar los problemas de infraestructura.

"Cuando se producen inversiones no importa de dónde vienen porque quien llega a invertir lo hace con la misma intención que cualquier uruguayo. No distinguimos entre inversores nacionales y extranjeros", dijo.

El sector político de Mujica, el Movimiento de Participación Popular (MPP), donde operan los tupamaros y el partido Comunista apoyan el impuesto y contra la llamada extranjerización de la tierra.

El caso es que Mujica en reuniones con empresarios internacionales había afirmado que no iban a ser víctimas de cambios sorpresivos en materia de impuestos y los convocó a invertir en Uruguay.