Una proyecto ley para regular el acceso a la información pública desató una polémica ante la posibilidad de que permita mantener documentos oficiales bajo sigilo permanente.

La iniciativa enviada en 2009 al Congreso y aprobada por la Cámara de Diputados, reduce el plazo de sigilo para documentos clasificados de 30 a 25 años y autoriza una sola renovación de ese plazo, con lo cual ninguna información podrá ser mantenida en secreto por más de 50 años.

Sin embargo, al entrar a debate en el Senado enfrentó el rechazo de los legisladores José Sarney y Fernando Collor, dos ex presidentes de la república que presionaron al gobierno a admitir en el texto la posibilidad de sigilo permanente para algunos documentos.

Tal posibilidad generó protestas airadas de organizaciones periodísticas y de derechos humanos que han intentado desclasificar documentos relativos a la dictadura que gobernó Brasil entre 1964 y 1985.

La semana pasada, el gobierno retiró el pedido de urgencia del proyecto de ley tal como había sido votada en la cámara baja y como había sido sometida a consideración del Congreso por el entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Con ello, la iniciativa será objeto de análisis más prolongado, sin plazo determinado, por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, presidida por Collor.

Sarney descartó que su insistencia en preservar sigilo eterno para documentos clasificados como "ultrasecretos" obedezca a la intención de impedir la divulgación de información sobre su gobierno, de 1985 a 1990.

Por el contrario, aseguró que busca preservar las relaciones con otros países. Citó el caso de documentos del ex canciller José Maria da Silva Paranhos, conocido como Barao do Rio Branco, quien en el siglo XIX definió las fronteras de Brasil con Bolivia y negoció diferendos limítrofes con Argentina.

"Los documentos históricos que son parte de nuestra historia diplomática y que tienen articulaciones, como las que Rio Branco tuvo que hacer muchas veces, no las podemos revelar si no vamos a abrir heridas", alertó Sarney.

La propia Rousseff salió al paso de las críticas al señalar que "en lo que se refiera a derechos humanos, no existe caso (de documento) que pueda ser ultrasecreto".

Dijo a periodistas que la posibilidad de preservar indefinidamente el secreto de algún documento obedece a un pedido de los ministerios de Defensa y Relaciones Internacionales, que expresaron preocupación por la divulgación de informaciones que pudieran afectar la soberanía nacional.

El argumento no convenció a organizaciones de prensa, como la Asociación Nacional de Diarios (ANJ, por sus siglas portuguesas), que calificó el dispositivo como "un retroceso".

"La ANJ considera un retroceso la posibilidad de que el proyecto de ley que regula el derecho de acceso a informaciones públicas pueda ser aprobado por el Congreso con una disposición que permite el sigilo eterno para documentos oficiales", alertó un comunicado de la entidad, que agrupa a las empresas periodísticas.

En el mismo sentido, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó que el sigilo permanente de documentos públicos pone en peligro la transparencia y rendición de cuentas del gobierno.

El presidente de la SIP, el guatemalteco Gonzalo Marroquín, instó al gobierno de Rousseff a "evitar que Brasil pierda la oportunidad de asumir su responsabilidad en materia de acceso a la información pública, un privilegio que pertenece a todos los ciudadanos", según un comunicado de la organización con sede en Miami.

En caso de que el proyecto de ley sea votado en el Senado con la previsión del sigilo permanente, la iniciativa deberá volver a la Cámara de Diputados para someter la modificación a una nueva votación.