Un juez federal escuchó el lunes los argumentos de grupos defensores de las libertades civiles para que impida la entrada en vigor de una ley de Georgia opuesta a los indocumentados mientras se resuelve una apelación, pero aclaró que aún no emitirá un fallo.

Los inconformes presentaron una demanda en la que piden a un juez que declare inconstitucional la ley e impida su aplicación, y también le solicitan en un recurso aparte que la bloquee hasta la conclusión del caso.

El juez federal Thomas Thrash escuchó los argumentos de los abogados de los inconformes y de un abogado del estado, quien manifestó que la demanda debía ser desechada.

Omar Jadwat, de la Unión Americana por las Libertades Civiles, argumentó que la ley tiene fallas profundas, es inconstitucional en sus fundamentos e infringe la autoridad federal.

Por su parte, Devon Orland, secretario de Justicia adjunto, dijo que el estado debería tener inmunidad frente a impugnaciones judiciales de este tipo, y señaló que la medida es necesaria debido a las dificultades que causa la presencia de indocumentados a instalaciones médicas y prisiones.

Al término de la audiencia, Thrash señaló que necesita más tiempo para analizar los argumentos de las partes debido a que son complejos los aspectos en juego tanto jurídicos como constitucionales.

El magistrado espera emitir su fallo sobre el intento para bloquear la ley y la petición de que se deseche la demanda antes del 1 de julio, cuando entran en vigencia la mayoría de las partes de la legislación.

El gobernador Nathan Deal, el secretario estatal de Justicia, Sam Olens, y otros funcionarios locales aparecen como acusados en la demanda.

La ley autoriza a los agentes policiales a verificar el estatus migratorio de los sospechosos que no puedan identificarse, y a detener y entregar a las autoridades federales a cualquier indocumentado que descubran.

La medida también sanciona a las personas que, mientras cometen otro delito, transporten o alojen a indocumentados a sabiendas, y convierte en delito grave la presentación de documentos falsos o de información falsa en las solicitudes de empleo.

Los grupos defensores de las libertades civiles argumentan que la ley podría alentar acciones policiales contra personas por su aspecto racial. Los puntos que penalizan a las personas por alojar o transportar a indocumentados en ciertas situaciones también podrían castigarlas por interactuar inocentemente con inmigrantes ilegales, dijo Jadwat.

La ley de Georgia tiene puntos similares a las leyes decretadas en Arizona, Utah e Indiana.