El gobierno buscaba el lunes quebrar las protestas estudiantiles con lugares "alternativos" para los alumnos que quieren estudiar y cuyos colegios permanecen ocupados por compañeros en paro que exigen cambios al sistema de enseñanza.

La jornada empezó con el ya tradicional desalojo de colegios y universidades. En una de las sede de la Universidad Central, en Santiago, los alumnos lanzaron objetos contundentes a los policías, que respondieron lanzando bombas lacrimógenas al interior del recinto.

El ministro de Educación, Joaquín Lavín, enfrenta hace tres semanas crecientes movilizaciones de adolescentes de enseñanza media y de universitarios, que además están tomando las calles.

El alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, afirmó que "es un grupo minoritario que hace estas tomas ilegales y que tiene secuestrado a sobre el 90% del alumnado que sí quiere estudiar...que no se atreven a entrar a clases porque estos jóvenes...los tienen secuestrados".

Lavín, en la víspera anunció que desde el lunes funcionarán lugares alternativos para reanudar las clases, porque se está dañando a quienes desean estudiar y las municipalidades dejaron de percibir 2.300 millones de pesos, 4,8 millones de dólares, por concepto de subvenciones.

Las municipalidades reciben una cantidad de dinero por cada día de clases al que asisten sus alumnos. Según dirigentes estudiantiles, casi dos centenares de colegios están ocupados o en paro.

Hasta el mediodía Lavín no daba a conocer la lista de los lugares alternativos de estudio, por lo que se desconoce si allí se realizarán clases normales o serán una especie de club de estudio o de taller para resolver problemas tendientes a la prueba que los alumnos del último año deben rendir para entrar a las universidades públicas.

Los escolares en paro demandan gratuidad del pase escolar para el transporte público y vigencia todo el año y administración estatal de las escuelas que hoy están en manos de las municipalidades.

Un sector más radical demanda reformas constitucionales relacionadas con el derecho a una educación de calidad.

Los universitarios demandan un mayor aporte estatal a los planteles públicos, que hoy reciben entre el 10 y el 15% del total de los recursos que necesitan, y el fin del lucro que se da mayormente en las universidades privadas, creadas durante la pasada dictadura militar y a las cuales se puede ingresar sin necesidad de dar la prueba de selección universitaria; basta pagar.

En la práctica, en Chile existen colegios para ricos, para pobres y otros para clase media, que estudian en colegios que dependen de una municipalidad, pero cuyos padres también aportan a su educación.

Freddy Cuevas, vocero de la Federación Metropolitana de Estudiantes Secundarios, dijo el lunes que no dialogarán con el ministro Lavín porque no incluye las demandas nacionales y porque sólo invitó a dirigentes del gran Santiago.

"Es fundamental seguir movilizados, por lo tanto convocamos a una jornada de movilización a nivel nacional el día martes 21 de junio", añadió.

Los universitarios anunciaron un paro para el jueves y una huelga nacional el 30 de junio.

El jueves último una marcha convocada por universitarios, secundarios, profesores y trabajadores públicos se transformó en una de las más grandes en democracia, desde 1990, con 100 mil participantes según los organizadores, y más de 50 mil, según la policía.