Una combinación letal de inundaciones, incendios forestales y la peor sequía que sufrió Bolivia en décadas puso en jaque la producción alimenticia del país, que se vio forzado a importar alimentos en una escala sin precedentes.

Una nación exportadora de soya y girasol pasó a importar azúcar, maíz y aceites, fenómeno que el gobierno atribuyó a la variación climática y al alza mundial en los precios de los alimentos.

Los agricultores, no obstante, afirman que también incidieron las políticas del gobierno, que impuso controles de precios y restricciones, sin permitir que los precios sean fijados por el mercado libre, como hicieron casi todos los países de la región, que también confrontaron problemas climáticos.

"Ya veníamos golpeados por los efectos climáticos cuando el gobierno sacó estos decretos prohibiendo las exportaciones", dijo Demetrio Pérez, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas (ANAPO). "Las exportaciones nos permitían recuperar pérdidas porque los precios están mejor afuera. Con la restricción se perdió un incentivo para sembrar más, ya no tenía sentido producir excedentes".

La cosecha de girasol se pudrió en los campos porque los agricultores no la podían vender dentro del país ni conseguir los certificados necesarios para exportar, expedidos por un aparato burocrático ineficiente.

"Fue un desastre", comentó Susano Terceros, que perdió parte de su cosecha.

"Los silos se abarrotaron porque ya no había más (espacio) dónde almacenar y la producción se echó a perder", dijo Pérez.

Como había exceso de oferta por la prohibición de exportar, la producción de los pequeños no se compró. "Tuvieron que tirar la producción en el camino y ahí dejaron que se pudriera", dijo Pérez.

Al año siguiente, Pérez dedicó menos hectáreas al cultivo de la soya en la cosecha del verano y lo mismo hicieron otros campesinos, que se dedicaron a cultivar hortalizas y verduras.

El costo político para el presidente Evo Morales fue alto. Tras resultar reelegido en forma abrumadora en el 2009, su índice de aprobación anda hoy en torno al 45%. Ahora el mandatario está buscando la asesoría de los agricultores, incluso de grandes productores de la región oriental, donde están sus principales opositores.

En diciembre, cuando ya se sentía la escasez de alimentos, el gobierno eliminó el subsidio a la gasolina, lo que hubiera generado un aumento de más del 70% en los precios de los combustibles, y miles de personas salieron a las calles, obligando a Morales a anular la medida.

Su gobierno impuso controles de precios y prohibió la exportación de azúcar y maíz en el 2007. Meses después, el impedimento abarcó al sorgo, trigo, harina de trigo y la carne de pollo. A finales de 2009, el gobierno sumó a la lista la soya, el girasol y los aceites con una salvedad: los agricultores podrían exportarlos si conseguían una "previa certificación de abastecimiento interno a precio justo".

Los controles de exportación son necesarios para evitar que los alimentos sean sacados del país de contrabando, a países vecinos como Perú, según la ministra de Desarrollo Rural y Tierras Nemecia Achacollo.

"El Estado es como una madre que debe velar por todos los hijos", dijo la ministra a la AP. "No es aceptable que se exporte y se deje desabastecido el mercado interno".

Bolivia tradicionalmente produjo la mayor parte de los alimentos que consume, pero las importaciones de azúcar subieron un 68%, a un costo de 143 millones de dólares, en los primeros tres meses del año para compensar la merma en la producción, según el Instituto Nacional de Estadística.

La ministra Achacollo atribuyó las bajas en la producción a cuatro eventos climáticos que castigaron el país en 2010: inundaciones a principios de año, seguidas por una sequía, heladas intensas en la región andina e incendios forestales en las llanuras orientales.

Los fenómenos de El Niño y La Niña, con sus secuelas de inundaciones y sequías, son más intensos y han hecho de Bolivia un país vulnerable al cambio climático, dijo la ministra.

La combinación de inundaciones y sequías redujo significativamente la cantidad de tierra cultivada el año pasado. Las inundaciones destruyeron cosechas en el oriente del país, la principal región agrícola. Ahora el altiplano sufre también de un clima cambiante.

Las plantaciones de trigo y avena cerca del pueblo de Achacachi se marchitaron al producirse nevadas antes de tiempo.

Agricultores como Avelino Miranda, un aymara de 70 años, padecieron en carne propia los efectos climáticos: las lluvias llegaron tarde a Achacachi a finales del año pasado y tuvo que sembrar dos veces, mientras que la helada del invierno se adelantó e impidió que su cultivo de avena terminara de crecer.

"La avena no creció lo suficiente y no sirve para nada, excepto para la alimentación animal. La nevada llegó temprano", dijo. Su hijo se fue a Argentina porque no encuentra trabajo en Bolivia.

Los científicos afirman que lo ocurrido en un año no basta para hablar de un impacto del cambio climático en la agricultura a largo plazo. Pero un estudio publicado el mes pasado por la revista Science, de investigadores de las universidades de Stanford y Columbia, indicó que el calentamiento global que se registra desde 1980 se ha hecho sentir en las cosechas y ha hecho subir los precios del trigo y el maíz.

En la provincia oriental de Santa Cruz, el bastión agrícola y donde se concentra la oposición a Morales, los agricultores sostienen que el control de precios y exportaciones es tan culpable de la escasez de alimentos como los fenómenos meteorológicos.

La extensión de tierra cultivada bajó de 750.000 hectáreas en el 2009 a 621.000 hectáreas en el 2010, según la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO). El maíz fue el más afectado y el área cultivada cayó de 150.000 hectáreas a 90.000.

El presidente Morales atribuyó la crisis alimentaria en el mundo "al capitalismo salvaje que está destruyendo la Madre Tierra".

Desde 1980 al 2010, Bolivia soporto 61 eventos climáticos adversos, con un promedio de 72 muertos por año, seis millones de afectados y 3.000 millones de dólares en pérdidas, principalmente por inundaciones, según un reciente informe de la ONU.

La regulación produjo otro efecto inesperado: de noviembre de 2010 a marzo de 2011, miles de toneladas de azúcar salieron de contrabando hacia Perú por los mejores precios que ofrecía ese mercado.

No hay cifras oficiales sobre la cantidad de azúcar ilegalmente exportada en esos meses, pero el precio del producto en mercados y supermercados locales se duplicó debido a la escasez.

En noviembre, el precio fijado por el gobierno para el kilo de azúcar era poco más de 50 centavos de dólar. Pero en febrero las autoridades se echaron para atrás el precio establecido y lo elevaron a un dólar por kilo de azúcar. El contrabando se redujo considerablemente. Actualmente, el azúcar cuesta un poco más de un dólar.

El viceministro de Desarrollo Rural y Tierras, Víctor Hugo Vásquez, dijo que la razón del decreto de prohibición de exportaciones fue precisamente atajar el contrabando.

Para Gary Rodríguez, del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), el control de precios obedece a "la preocupación central del gobierno de detener la presión inflacionaria". La inflación en 2010 fue de 7,18%, pero entre los productos alimenticios llegó al 18,5% en marzo.

El presidente Morales anunció inversiones por unos 1.000 millones de dólares en la agricultura hasta 2015 para incrementar la producción y exportar alimentos. Este año 100 millones comenzaron a ser invertidos en agua y riego y está en gestación un seguro agrícola que cubrirá hasta un 70% de las pérdidas por efectos climáticos.

Morales, consciente de los retos que amenazan su popularidad con sus políticas agrarias, reconoció sus diferencias con los empresarios y los llamó a trabajar juntos.

"Asesórenme, ayúdenme, trabajemos juntos para garantizar la producción de alimentos. Si bien hemos tenidos diferencias programáticas e ideológicas, eso quedó en el pasado, ahora la situación es diferente", les dijo a los productores de azúcar.

Las políticas estatistas que ejecutó el mandatario —como la nacionalización de los hidrocarburos en 2006— también desalentaron las inversiones privadas en el sector agrícola. Ese mismo año, Morales sancionó una nueva ley agraria que permite la reversión de latifundios sin cultivar.

Miles de hectáreas de tierras fueron confiscadas y entregadas a indígenas.

"No hay seguridad jurídica para las inversiones privadas en el sector agroindustrial", se quejó el gerente de la CAO, Edilberto Osinaga, pero Vásquez dijo que se trata de temores injustificados.

"No podemos luchar contra los estragos de la naturaleza, pero lo que está haciendo mayor daño son políticas inadecuadas que desalientan la producción", dijo Rodríguez, del IBCE.

"Los agricultores ya tiene suficiente con tener que lidiar con el clima"

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