Costa Rica promulgó una ley de migración hace poco más de un año pero organizaciones que atienden a la población refugiada sostienen que los cambios derivaron en nuevos problemas para los solicitantes de este estatus, la mayoría de ellos procedentes de Colombia.

La oficina local del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) aprovechó la celebración el lunes del Día Mundial del Refugiado, instaurado por la ONU en 2001, para hacer presente ajustes que el gobierno debería realizar a la ley, que entró en vigencia el 1 de marzo del 2010.

La nueva legislación surgió ante la necesidad de mejorar y actualizar las normas para los diferentes estatus migratorios, debido a que en el país esa población se estima entre medio millón y hasta un millón de personas, considerando la alta cantidad de indocumentados.

Entre sus normas, la ley dispone que las solicitudes de los refugiados sean resueltas por una comisión y no por una sola persona como antes, y se establece la creación de un tribunal migratorio administrativo.

"Si una petición es denegada por la comisión, entonces se puede apelar ante el tribunal pero eso no se ha podido hacer porque aún no está operando el tribunal. Creemos que hay unas 500 personas esperando esa respuesta y mientras esperan, no tienen derecho al trabajo y están en un limbo legal", dijo la representante de Acnur en Costa Rica, Vanessa Leandro, en entrevista con AP el viernes.

Leando expresó su preocupación por una baja en la tasa de reconocimiento de refugiados, que "cayó drásticamente a menos del 10%, cuando antes rondaba el 35%".

Datos de Acnur indican que el país alberga unos 12.500 refugiados, de ellos el 80% son colombianos y aunque el flujo de solicitudes ha disminuido respecto años anteriores, se mantiene un promedio de unas 90 peticiones mensuales.

Los datos más recientes de la dirección de Migración entregados a la AP detallan que de enero a marzo de este año hubo 301 solicitudes de 20 diferentes nacionalidades, encabezadas por Colombia con 161 trámites, Honduras con 29 y Cuba con 26. También hubo 15 peticiones de Venezuela y Guatemala, respectivamente.

En el mismo periodo las autoridades analizaron 94 peticiones y de ellas solamente hizo 28 reconocimientos de refugio.

Kathya Rodríguez, directora de Migración, manifestó a la AP que el sistema lleva poco tiempo aún y está en "un proceso de acomodo y ajuste por lo que sí, tenemos una mora importante debido a que el trámite es complejo y además siguen llegando solicitudes".

Apuntó a que el tribunal fue instaurado el pasado 16 de mayo y eso, más la petición que han hecho de más plazas, ayudaría a que se puedan cumplir los plazos de ley, que es de tres meses.

Acnur y la organización no gubernamental Refugee Education Trust (RET) aprovecharon la celebración del Día Mundial del Refugiado para denunciar que ese lapso de espera se extiende hasta por un año, periodo en el cual los solicitantes están impedidos de trabajar.

Para Carolina Chavarría, coordinadora de RET, el Estado "no puede esperar que un refugiado o una familia bajo refugio viva del apoyo indefinido de una organización", y advirtió que el aspecto económico es uno de los principales problemas que afronta esta población, que además ha sufrido un gran impacto emocional.

"Solo la situación de verse obligado a dejar el país propio, muchas veces solos, a veces con los hijos a cuestas, es algo que a estas personas les genera un trauma", apuntó Chavarría.

En el caso de RET, el grupo da asistencia a cerca de 120 familias, entre las que destaca un grupo familiar de casi 30 personas procedente de Honduras donde la mitad son menores de edad y están de manos amarradas por el mismo tema: están a la espera de una definición de Migración sobre sus solicitudes.

Acnur propuso al gobierno que a los solicitantes se les extienda el permiso de trabajo cuando transcurran los tres meses sin una respuesta. También que se elimine un cobro de 123 dólares incluido en la nueva legislación así como que la documentación que se entrega no contenga la palabra refugiado, al considerar que viola la confidencialidad de ese estatus.

"Esos requisitos fueron establecidos por la ley, pero estamos aprovechando que se está en la elaboración del reglamento para la ley para incorporar algunas excepciones, por ejemplo de ciertos rubros en el cobro pues reconocemos que los refugiados tienen una condición de vulnerabilidad y lo menos que queremos es que un aspecto económico los prive de su acceso a documentación", expresó Rodríguez.

Los reglamentos que aplicarán para la nueva legislación estarán listos en un par de meses, añadió.