Las dos principales entidades agropecuarias de Uruguay cuestionaron el viernes la idea del presidente José Mujica de imponer un tributo a los dueños de tierras y las declaraciones de grupos políticos afines al mandatario en contra de la explotación de campos por parte de extranjeros.

Mujica propuso gravar las extensiones de campos de 2.000 o más hectáreas con el objetivo de financiar obras de infraestructura.

En tanto el Movimiento de Participación Popular (MPP), sostén político del mandatario, lleva adelante una campaña de pintadas y declaraciones contra "el latifundio" y la tenencia de tierras por parte de extranjeros.

El presidente de la Federación Rural, Miguel Sanguinetti, declaró a la página digital del diario El Observador que "no se puede perder de vista que la inversión extranjera ha dado trabajo a muchos uruguayos. Hay que tener un equilibrio. Si frenamos la extranjerización podemos dejar a muchas personas sin trabajo".

Por su parte, el presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), José Bonica, dijo que el gravamen a la tierra propuesto por Mujica obedece a un asunto "ideológico" y descartó que tuviera el objetivo de solucionar los problemas de infraestructura.

"Cuando se producen inversiones no importa de dónde vienen porque quien llega a invertir lo hace con la misma intención que cualquier uruguayo. No distinguimos entre inversores nacionales y extranjeros", dijo.

El dirigente rural sostuvo que cualquier nuevo impuesto atenta contra la apuesta de capitales porque "es un cambio en las reglas de juego".

"Uruguay ha estado creciendo motivado por la performance del sector agropecuario, que rompió con 50 años de estancamiento. Esto obedece a dos factores: uno es la coyuntura, pero otro corresponde a las políticas estables y predecibles que alentaron la inversión", dijo Bonica.

La carne bovina es el rubro de mayor de exportación de Uruguay con más de 1.400 millones de dólares en 2010 sobre un total de productos exportados por 6.732 millones de dólares.

Las exportaciones forestales crecieron a más de 1.000 millones de dólares en 2010 desde los poco más de 600 millones de dólares en 2009.

Según Bonica, "no es lo mejor aumentar la tributación y empezar a gravar la tierra, porque sí son cambios de la reglas de juego que van a modificar la actitud de los agentes económicos y a castigar el desarrollo económico de todo el país".