Un general retirado fue el primer militar de ese rango arrestado bajo acusaciones de haber cometido genocidio durante el cruento conflicto armado de 36 años que asoló Guatemala y dejó más de 200.000 muertos y desaparecidos.

El general Héctor Mario López, de 81 años, fue detenido por la policía en una colonia militar de la capital guatemalteca, en respuesta de una orden de captura emitida a pedido de la fiscalía que lo considera responsable de haber dirigido durante la dictadura del general Efraín Ríos Montt la política de "tierra arrasada" que significó el exterminio de cientos de poblados indígenas a inicios de los 80 en medio del conflicto armado.

El secretario general del Ministerio Público, Mynor Melgar, explicó vía teléfonica que López era el jefe del Estado Mayor de la Defensa entre 1982 y 1983, en que gobernó el país Ríos Montt, uno de los periodos más cruentos de la guerra civil.

Melgar aseguró que el general está implicado en más de 200 masacres perpetradas por las fuerzas armadas durante el periodo en que el ahora detenido era comandante castrense.

El militar fue trasladado a un juzgado para notificarle de las acusaciones en su contra.

Ningún otro alto mando militar había sido detenido hasta ahora dentro del proceso que en el 2000 emprendieron un grupo de sobrevivientes de las matanzas y familiares de las víctimas auspiciados por el Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (Caldh), una organización no gubernamental, que durante años se quejó de la falta de voluntad del ministerio Público para avanzar en las investigaciones y procesar a los responsables de las matanzas.

Melgar fue fiscal, jefe del departamento de investigaciones de la fiscalía y parte del equipo jurídico de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG).

Una Comisión de la Verdad auspiciada por Naciones Unidas refirió en su informe final sobre el conflicto en Guatemala que durante el gobierno de Ríos Montt se registró una "estrategia de tierra arrasada, destruyendo cientos de aldeas, principalmente en el altiplano, y provocando un desplazamiento masivo de la población civil que habitaba las áreas de conflicto".

El conflicto bélico entre guerrillas izquierdistas y el gobierno, controlado en diferentes lapsos a lo largo de tres décadas por militares, terminó en 1996 con un acuerdo de paz que implicó la desmovilización de los insurgentes.