El gobierno informó el jueves la muerte de otros dos reclusos y un visitante en la riña que se registró el 12 de junio en una cárcel a las afueras de la capital, con lo que se elevó a 22 la cifra de fallecidos en el incidente.

A cuatro días del violento enfrentamiento que se dio entre los internos de la cárcel de El Rodeo I, el ministro de Relaciones Interiores, Tareck El Aissami, confirmó que en el hecho perecieron 21 presos más un visitante.

El Aissami dijo a la prensa que aun permanecen en centros asistenciales otros 14 internos que están en "condiciones estables".

El ministró no explicó porque hay una disparidad entre los19 fallecidos que reportó el martes y el nuevo registro de muertos.

Las autoridades informaron inicialmente que en la reyerta de la cárcel de El Rodeo, que está a unos 50 kilómetros al este de Caracas, perecieron tres reclusos y otros 22 resultaron heridos, pero no precisaron como se originaron las muertes y las lesiones de los internos.

Algunos de los familiares de las víctimas declararon a los medios locales que los presos de El Rodeo I se enfrentaron con armas de fuego lo que generó el alto saldo de muertos y heridos.

Dos días después del violento incidente, el gobierno anunció la creación de un ministerio de Atención Integral Penitenciaria para darle un "rango estratégico" a las políticas de asistencia de la población carcelaria.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó el jueves su "profunda preocupación" por lo ocurrido en El Rodeo I e instó en un comunicado al Estado venezolano a "adoptar medidas concretas a fin de proteger la vida e integridad personal de las personas privadas de libertad".

La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó el 8 de febrero del 2008 "medidas provisionales" para los reclusos de El Rodeo I, donde la población carcelaria alcanza a cerca de 3.000 personas, y ordenó al Estado adoptar acciones para garantizarle la seguridad y la vida a los internos.

El sistema interamericano de protección de los derechos humanos ha venido dándole seguimiento a la situación de las violentas cárceles en Venezuela y ha reconocido que los centros penitenciarios son "controlados por organizaciones criminales y no por el Estado", señalaron en el comunicado.

En la CIDH se ha recibido denuncias sobre las graves condiciones de hacinamiento que imperan en las cárceles, la tenencia por parte de los internos de armas de fuego de distinto calibre y de explosivos y el "cobro a los reclusos de una extorsión conocida como causa, la cual es dividida entre las bandas criminales que controlan las cárceles, la autoridad civil y las autoridades militares de custodia externa", agregó el escrito.

La violencia es común en las hacinadas prisiones de Venezuela, en donde bandas rivalizan por el control de los pabellones o el comercio de armas y drogas que guardias corruptos venden a los reclusos.

En Venezuela existen 30 cárceles y la población penal, que alcanza a cerca de 32.624 personas, vive en graves condiciones de hacinamiento, de acuerdo a cifras de la organización local Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

Durante el primer trimestre de este año se reportaron 124 muertes en las cárceles venezolanas, lo que representó un aumento de 22% respecto al mismo período del año pasado, informó recientemente el director de OVP, Humberto Prado.

Asimismo, entre enero y marzo se registraron 266 heridos en los centros penitenciarios, superando en 11% la cifra del 2010.

Para el 2010 se alcanzó una cifra de 476 muertos y 967 heridos en las cárceles venezolanas, según reportó la CIDH. Entre 1999 y 2010 habría muerto un total de 4.506 reclusos y el número de heridos habría ascendido a 12.518.