México y otros 10 países se sumaron a la batalla legal contra la nueva ley de inmigración de Georgia, advirtiendo que la medida pudiera poner en peligro los lazos entre Estados Unidos y sus vecinos latinoamericanos.

El grupo de países, integrado además por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Perú, presentó el miércoles por la noche opiniones interesadas en respaldo a grupos por las libertades civiles que pidieron a un juez federal que declare inconstitucional la nueva ley de Georgia e impida su entrada en vigor.

El respaldo es un nuevo paso en la batalla legal que ha enfrentado a los abogados del gobierno de Georgia con grupos que habían amenazado con cuestionar la ley incluso antes de que fuese aprobada por los legisladores.

Los grupos activistas piden al juez federal Thomas Thrash que impida la entrada en vigencia de la nueva ley hasta que haya sido resuelta la demanda. El magistrado fijó una audiencia para la próxima semana.

La decisión de México repite además la estrategia legal empleada por el país cuando desafió en las cortes nuevas leyes de inmigración implementadas por otros estados norteamericanos. Abogados en representación de México presentaron opiniones similares en Arizona y Utah.

La ley, conocida como HB 87, autorizaría a los organismos policiales a verificar el estatus de inmigración de todo sospechoso que no pueda mostrar medios aceptables de identificación, a detenerlos y entregar a las autoridades federales a todo aquel que resida ilegalmente en el país. Además, añade nuevas penalizaciones para aquellos que sean declarados culpables de albergar a inmigrantes ilegales o de presentar documentos falsos cuando solicitan empleo.

La oficina del gobernador Nathan Deal no respondió el jueves a llamadas en busca de comentarios al respecto, pero Dewal ha elogiado la ley, diciendo que es "un paso responsable adelante" en ausencia de una reforma federal de inmigración. Previamente esta semana, Deal exhortó a los granjeros que han dicho que la nueva medida migratoria ha ahuyentado a los trabajadores a que en lugar de ellos contraten a personas en libertad condicional.

México dijo que la ley creará tensiones en los vínculos entre Estados Unidos y México, "interfiriendo con los intereses diplomáticos de los dos países y alentando una inminente amenaza de discriminación aprobada por el estado".

Otros grupos han tratado también de intervenir en el proceso antes de la esperada audiencia programada para el lunes sobre la demanda. Funcionarios de la corte dijeron el jueves que se estaban preparando para recibir a una considerable cantidad de público en la audiencia.

La Liga Anti Difamación presentó una opinión interesada esta semana en la que advirtió que la ley pudiera impedir que los hispanos reportasen delitos y crearía una subclase vulnerable a la creciente violencia y crimen. Y la Asociación de Abogados de Inmigración dice que la ley obliga a la policía "a hacer juicios personales muy discrecionales" acerca de a quién deben detener por violaciones de inmigración.