Una comisión del Congreso aplazó el jueves hasta nueva fecha una audiencia pública que se sigue en contra del ex presidente Alvaro Uribe Vélez por un escándalo de espionaje por el que están siendo investigados algunos de sus más cercanos colaboradores.

La determinación se tomó luego de que uno de los abogados de las presuntas víctimas del espionaje, Luis Guillermo Pérez, recusó a dos de los tres investigadores de Uribe.

"En virtud (de) que no fue posible tener el quórum, la Comisión va a tomar (una) decisión una vez regresen tres de sus miembros del exterior y una vez podamos tener la totalidad de los miembros para tomar esta decisión" respecto de Uribe, dijo en la sesión Yahir Acuña, uno de los investigadores del ex mandatario.

El abogado Pérez, en entrevista con The Associated Press, precisó que la diligencia se suspendió hasta después del 20 de julio cuando "se reúna el pleno de la Comisión de Acusación... y decida sobre la recusación y citen de nuevo a declarar a versión libre al señor Uribe Vélez".

El ex mandatario (2002-2010), acompañado de varios de sus ex ministros, puntualmente se hizo presente en el recinto principal de la Cámara de Representantes --Salón Boyacá--, donde sesiona la plenaria de ese órgano legislativo.

Uribe tomó asiento en primera fila y se hizo en medio de sus abogados, Jaime Lombana y Jaime Granados. Aunque ya ha habido dos recesos, se cree que la sesión demore varias horas entre preguntas de congresistas y una intervención inicial del ex mandatario.

Luego de que la Procuraduría pidió aplazar la diligencia hasta tanto se resuelva la recusación que hizo un abogado de las víctimas del aparente espionaje, Uribe tomó la palabra y dijo ser objeto de señalamientos infundados por parte de la defensa de los supuestos perseguidos por su régimen.

"Acabamos de oír a la señora abogada (del periodista Hollman Morris) acusándome de asesino, pidiendo sanciones ejemplares en mi contra en un proceso que como usted lo ha dicho lo escucha el país y el mundo", dijo el ex mandatario.

"Yo lo único que pido, después de tener que sufrir una larga infamia, cuando los difamadores no han tenido límites y han tenido toda la prensa y todo el eco, cuando hoy mismo han aprovechado la cobertura de medios de comunicación a esta audiencia, lo único que pido es que se me permitan defenderme", agregó.

Los críticos de Uribe afirman que la declaración del ex mandatario será intrascendente porque se trata de una diligencia preliminar a pedido del propio ex gobernante ante esa comisión de la Cámara de Representantes, conocida por su lentitud y por no producir fallos condenatorios.

La comisión, donde ya reposan más de 200 denuncias contra Uribe por casos que van desde traición a la patria hasta espionaje, es la única instancia donde, según las leyes colombianas, se puede investigar a presidentes y ex presidentes de la República, magistrados de las altas cortes y al fiscal general de la Nación.

Sólo un visto bueno de la comisión, en un voto por mayoría de sus 15 miembros, puede abrir paso para que el pleno de la Cámara de Representantes, también por mayoría de sus 166 congresistas, autorice o no un enjuiciamiento de Uribe Vélez ante la Corte Suprema de Justicia.

"Esto es una indagación preliminar... (Lo) que va a pasar hoy es un remedo de justicia, no tiene ninguna importancia", dijo en diálogo telefónico con Associated Press el analista político y columnista Ramiro Bejarano, crítico de Uribe.

"Definitivamente en el esquema constitucional actual no hay una posibilidad de investigar" con confiabilidad e imparcialidad a un alto funcionario o ex funcionario, agregó. Destacó que la comisión está integrada por políticos que, en su mayoría, forman parte de la coalición oficial en el gobierno.

La Fiscalía solicitó en marzo que Uribe, un abogado de 58 años, se presentara a dar su versión luego de que el ex mandatario fuera mencionado por algunos ex detectives del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la policía secreta del país, desde donde se habrían realizado entre 2007 y 2008 grabaciones telefónicas ilegales y seguimientos a activistas de derechos humanos, reporteros, políticos de la oposición y algunos magistrados de la Corte Suprema.

En noviembre, un grupo de más de 30 supuestas víctimas de las labores de espionaje habían denunciado a Uribe como máximo jefe del DAS — organismo que depende directamente de la Presidencia — en el momento en que se habrían cometido los ilícitos. Entre ellos estaban la ex senadora Piedad Córdoba y los dirigentes de izquierda Gustavo Pedro e Iván Cepeda.

La ex senadora Córdoba, quien ha sido una de las más duras adversarias políticas de Uribe, declinó asistir a la sesión de la Comisión de Investigación y Acusación al alegar que le fue negada la posibilidad de directamente hacer preguntas al ex mandatario, explicó telefónicamente su vocero Luis Guillermo Pérez.

Los miembros de la comisión dicen que sólo los congresistas pueden interrogar a Uribe.

Los cercanos colaboradores del ex presidente que están siendo investigados por los presuntos espionajes son los ex secretarios de prensa, César Mauricio Velásquez — actual embajador de Colombia en el Vaticano — y jurídico, Edmundo Del Castillo; el ex vice ministro de Defensa Jorge Mario Eastman y el ex asesor José Obdulio Gaviria.

Hace dos semanas, el Tribunal Superior de Bogotá se abstuvo de enviar a prisión al ex secretario general de Uribe, Bernardo Moreno, por el mismo caso. En tanto, María del Pilar Hurtado, ex directora de la policía secreta, es prófuga de la justicia y desde noviembre pasado se encuentra asilada en Panamá.

Antes de que arribará al Congreso junto con sus abogados, Uribe solicitó a la Corte Suprema de Justicia hacerse parte civil o víctima de un proceso — que está en averiguación preliminar en esa corte — en contra de la ex senadora Córdoba por presuntos lazos con las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Los abogados de Uribe no explicaron de inmediato las razones por las que quieren hacerse parte del proceso.

Uribe siempre ha negado haber ordenado esos seguimientos ilegales y ha dicho que fueron obra de funcionarios corruptos del DAS. Algunos de esos funcionarios de mediano nivel, condenados por el espionaje, aseguraron ante la Fiscalía que actuaron porque colaboradores de Uribe, como el ex secretario general de la presidencia Bernardo Moreno, les indicaron que al entonces mandatario le interesaba tener información de algunos de sus opositores. Moreno siempre lo ha negado.

Los opositores a Uribe sostienen que era imposible que el DAS no supiera de esas actividades ilegales y que fueran obra de algunos detectives díscolos.

Para el ex asesor presidencial José Obdulio Gaviria "la jauría 'antiuribista' cree que verán a Uribe devorado por los leones" en la Comisión. En su concepto "se equivocan...ellos (sus opositores) no son leones sino gatitos".