Emilio Botín, presidente del grupo Santander y el banquero más poderoso de España, será investigado por la posible comisión de sendos delitos de fraude fiscal y falsedad documental.

Fernando Andréu, juez de la Audiencia Nacional, decidió admitir a trámite una denuncia presentada por la Fiscalía anticorrupción sobre presuntas irregularidades cometidas por Botín y otros 11 familiares entre el 2005 y el 2009 al cumplimentar el impuesto sobre la renta, la declaración que están obligados a realizar cada año todos los españoles relativa a ingresos y patrimonio.

Además de Botín, se investiga a sus cinco hijos, así como a su hermano Jaime Botín y a los cinco hijos de éste.

La familia negó cualquier mala práctica a través de un portavoz.

Según el auto, Botín y su familia no declararon fondos y dinero alojado en cuentas del HSBC Private Bank de Suiza, lo que podría suponer un delito contra la Hacienda pública y también otro de falsedad documental.

El juez no precisó la cantidad presuntamente defraudada durante este período, pero dijo que en algún ejercicio pudo superar los 120.000 euros (170.000 dólares) por cada uno de los 12 contribuyentes de la familia ahora investigados.

La Agencia Tributaria española solicitó al presidente del Santander toda la documentación relativa a estas cuentas bancarias, que, según Botín, tienen su origen en dinero invertido fuera de España por su padre, Emilio Sanz de Sautuola y López, fallecido en 1993.

La familia Botín presentó un gran volumen de documentos, tratando de regularizar la situación de esas cuentas en los últimos años. Pero los inspectores de Hacienda reconocieron que era imposible revisar la "ingente documentación" remitida por los denunciados antes del próximo 30 de junio, fecha en la que preescriben delitos tributarios presuntamente cometidos en el 2005.

La Agencia Tributaria decidió entonces enviar toda la información a la Fiscalía anticorrupción que presentó la pertinente denuncia. Finalmente, la Audiencia Nacional abrió la investigación para que los delitos, de haberse cometido, puedan ser juzgados.

"Con los datos objetivos de que se dispone en este estadio procesal, lo cierto es que se produjo una regularización, mediante declaraciones complementarias y extemporáneas que podrían suponer el reconocimiento de un incumpliento de las obligaciones tributarias", argumentó Andréu en el auto.

La justicia precisó que la denuncia nada tiene que ver con la gestión del grupo Santander, una de las entidades financieras más importantes del mundo, con una fuerte presencia en Europa y América Latina.

Por su parte, Jesús Remón, un portavoz de los Botín, señaló que Emilio Botín y sus familiares han cumplido y cumplen con todas sus obligaciones fiscales en España.

"La familia (Botín) espera que toda esta cuestión se resuelva rápida y satisfactoramente en los tribunales", precisó Remón en un comunicado.