La fiscal general Viviane Morales anunció el miércoles que se investigará el caso de un aparente montaje que desde la Fiscalía se habría sido orquestado contra el coronel retirado del Ejército Luis Alfonso Plazas, condenado a 30 años de prisión por su presunta participación en la desaparición de 11 personas en el asalto al Palacio de Justicia, en 1985.

Morales, en una entrevista con la radio Caracol, dijo que su despacho investigará la veracidad de versiones según las cuales el testigo clave en contra de Plazas fue "suplantado", es decir, que ni rindió el testimonio ofrecido como prueba clave en contra del oficial y que ni siquiera su nombre o firma corresponden a las del verdadero testigo.

Tales versiones surgieron el lunes, cuando la Procuraduría General le pidió al Tribunal Superior de Bogotá revocar la condena proferida en junio del 2010 en contra de Plazas, a 30 años de prisión, por el crimen de desaparición forzada de al menos 11 personas en el Palacio de Justicia, asaltado por guerrilleros y retomado por militares en noviembre de 1985.

Plazas, quien encabezó la retoma del Palacio, está detenido desde el 2007 y ha negado cualquier abuso.

La solicitud de la Procuraduría se basó en que el hombre, citado por los acusadores como el principal testigo, el suboficial del Ejército Edgar Villamizar Espinel, se presentó a fines de mayo ante esa oficina y aseguró que ni conoce a Plazas ni eran suyos los apellidos ni la firma que aparecen en el documento que la Fiscalía citó como prueba clave en el juicio contra el oficial.

En caso de que la Fiscalía determine que hubo alguna irregularidad en el testimonio con el cual se condenó a Plazas, la palabra final sobre su condena está en manos del Tribunal Superior de Bogotá, que puede decidir si revisa el caso o si, por el contrario, declara que la etapa de pruebas ya fue cerrada y descarta una revisión.

Las leyes colombianas establecen unos términos o tiempos para presentar pruebas y éstos ya se vencieron en el caso de este oficial.

El de Plazas fue el primer fallo condenatorio contra un militar por aquellas acciones de 1985 y ha sido uno de los procesos emblemáticos para activistas de derechos humanos y, a la vez, para grupos de militares retirados que alegan que en los procesos judiciales en su contra se cometieron ilegalidades.

La fiscal Morales explicó que en el testimonio que ofreció en la Fiscalía el hombre en contra de Plazas, el 1 de agosto de 2007, "estuvo presente un delegado de la Procuraduría (Henry Bustos), dos investigadores...y la propia fiscal" del caso, Angela María Buitrago.

Tras las nuevas versiones, agregó, "hay que buscar que todos estos testigos de la diligencia confronten con la presencia del señor Villamizar para que nos digan si es o no este señor".

La hoy ex fiscal Buitrago, que en noviembre de 2005 se dio a la tarea de investigar la desaparición de las 11 personas, casi todos empleados de la cafetería del Palacio de Justicia, explicó en diálogo telefónico que fue Villamizar quien "buscó acercarse a la Fiscalía para rendir la declaración".

"Eso está plenamente acreditado", aseguró.

Añadió que, través de investigadores, a Villamizar se le hicieron todos los controles para garantizar que no se iba a escuchar la declaración de un impostor.

"Es muy curioso", dijo Buitrago. "La pregunta entonces es: ¿por qué aparece esto ahora cuando... está próxima a salir una decisión de segunda instancia?", o la apelación presentada por Plazas a la condena a 30 años de cárcel, dijo.

En la declaración que rindió en la Fiscalía en agosto de 2007, el hombre aseguró que, en los hechos de noviembre de 1985, al referirse a algunas personas que salieron con vida del Palacio de Justicia, Plazas les habría dicho a sus subalternos militares que los "colgaran".

Jaime Granados, abogado defensor de Plazas, pidió al Tribunal Superior de Bogotá tener en cuenta la nueva declaración de Villamizar ante la Procuraduría, el 23 de mayo pasado.

"Estamos hablando de la inocencia de una persona", insistió Granados en conversación telefónica.

Al ser consultada sobre la controversia en el caso, Alejandra Rodríguez, de 25 años, hija de Carlos Rodríguez, administrador de la cafetería del Palacio y uno de los desaparecidos, comentó que "primero que todo hay que decir que lo del testigo falso es algo que está por comprobar".

Lo del supuesto falso testigo "es una maniobra que han venido utilizando los militares", dijo.

El 6 de noviembre de 1985, un comando del ahora desmovilizado grupo guerrillero Movimiento 19 de Abril (M-19) asaltó a sangre y fuego el Palacio de Justicia, sede de la Corte Suprema y otras instancias judiciales, y demandó hacer un juicio al entonces presidente Belisario Betancur (1982-1986).

Entre el ingreso de los rebeldes y la decisión del gobierno de Betancur, de ordenar a los militares retomar el Palacio, murieron a lo largo de casi dos días más de 100 personas, entre ellos los miembros del comando del M-19, 11 de los 24 magistrados de la Corte y fueron dadas por desaparecidas al menos 11 personas.

El M-19 depuso sus armas a fines de los 80.