El Senado colombiano aprobó hoy la Ley de Inteligencia que una vez sea firmada por el presidente Juan Manuel Santos entrará a regular la misión, funciones y herramientas de los organismos de seguridad para desarrollar esas labores, informaron fuentes gubernamentales.

La nueva ley obtuvo 57 votos a favor y según el ministro colombiano de Defensa, Rodrigo Rivera, busca proteger a los ciudadanos de los riesgos que generan los delincuentes, así como garantizarles a las personas de bien que no serán objeto de seguimiento alguno.

"La normatividad (establece) que los agentes de inteligencia tengan controles precisos que les garanticen el cumplimiento de su labor, la responsabilidad de la misma y la garantía de que su tarea no podrá tener castigos penales ni disciplinarios", detalló Rivera a periodistas.

Entre los parámetros que observa la ley está la regulación sobre interceptaciones telefónicas por parte de organismos de seguridad del Estado, como por ejemplo las realizadas por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, estatal).

También se creará una comisión de parlamentarios que vigilará los dineros calificados como gastos reservados del Estado.

En el articulado se establece, además, que habrá un período de reserva de 30 años para la información que sea catalogada como de seguridad nacional.

Sin embargo, se le dan facultades al Presidente de la República para que pueda aumentar este período en 15 años.

Se aprobó una salvaguarda para los periodistas que publiquen información que tenga carácter reservado, y se le solicitó a los medios de comunicación autorregulación y vigilancia en el impacto que pueda generar en la seguridad lo que se transmita.

Para el senador Juan Manuel Galán, con esta norma se regularán los organismos de inteligencia y contrainteligencia con el fin de evitar que se repitan escándalos como el de las escuchas ilegales realizadas por funcionarios del DAS sin sustento legal.

"Lo fundamental es que en una democracia los organismos de inteligencia y contrainteligencia no pueden estar sin Dios ni ley, debe haber un marco legislativo y regulatorio que establezca cuáles son las definiciones en este campo", explicó Galán.

Se espera que en los próximos días las comisiones de conciliación de Cámara y Senado salden las diferencias en los textos aprobados en esas cámaras, con lo que la iniciativa pasará a sanción del presidente Santos.

"Las escuchas ilegales" hechas por el DAS contra defensores de derechos humanos, periodistas, opositores y miembros de la rama judicial fueron uno de los escándalos en los que se vio envuelto el Gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010).