La Fiscalía federal de Nueva Jersey anunció hoy la desmantelación de una red internacional que introducía ilegalmente en Estados Unidos a cientos de inmigrantes de India y Brasil, en su mayoría mujeres a las que obligaban a prostituirse, a través de México y varias islas del Caribe.

Las autoridades estadounidenses detuvieron en los últimos días a cinco personas en diferentes localidades de Nueva Jersey, Massachusetts y Texas, a las que acusaron de estar al frente de la red, mientras que todavía buscan a un sexto individuo que se encuentra en paradero desconocido.

Así lo anunció hoy el fiscal de Nueva Jersey, Paul Fishman, en un comunicado, en el que detalló que su oficina presentó distintos cargos federales en contra de los seis componentes de una banda cuyos principales "clientes" eran mujeres jóvenes brasileñas.

Los detenidos son Nacip Teotonio Pires, Rubens Da Silva, Sanderlei Alves DaCruz, Francismar Da Conceica y Claudinei Pereira Mota, mientras que la sexta persona no identificada responde al alias "Clema Aparecida Lopes".

Todos ellos se enfrentan ahora a una pena máxima de diez años de prisión y a hasta 250.000 dólares de multa en caso de ser encontrados culpables.

Las personas, principalmente mujeres jóvenes, que accedían a usar sus servicios para llegar a EE.UU. acordaban pagar parte de su deuda una vez llegaban a suelo estadounidense y se ponían a trabajar en locales de estriptis en Newark (Nueva Jersey) y otras zonas del país.

Algunas mujeres terminaban, según indicó la Fiscalía, siendo obligadas a prostituirse para ganarse un dinero extra y poder pagar así su deuda, y en ocasiones los responsables de la red las amenazaban con atacar a sus familiares en sus países de origen si no pagaban.

Según los documentos de la acusación, entre enero de 2008 y junio de 2011 los acusados "organizaron, facilitaron y supervisaron" una red internacional que introducía a los inmigrantes en Estados Unidos a través de dos rutas.

Una de las rutas trasladaba a los inmigrantes desde Centroamérica hasta México, desde donde los introducía a Estados Unidos por la frontera, mientras que la otra lo hacía a través de Puerto Rico y las Islas Vírgenes, ambos territorios estadounidenses, y San Martín.

Cuando las mujeres eran interceptadas en la frontera por los servicios de inmigración, los acusados ya les habían dado instrucciones para que presentaran peticiones de asilo político y alegaran que corrían peligro si eran deportadas.

"Los traficantes de inmigrantes hacen un gran negocio explotando los sueños de la gente", afirmó el fiscal Fishman en el mismo comunicado, en el que insistió en que el trabajo de las autoridades es "proteger las fronteras y a las víctimas vulnerables de estas prácticas perversas".

A partir de llamadas a teléfono móviles interceptadas por los agentes a cargo de la investigación y otras vías, se determinó que los acusados cobraban a los inmigrantes entre 13.000 y 25.000 dólares en función de la ruta empleada para llegar a Estados Unidos.