La Asamblea aprobó el martes la Ley para Control y Regulación del Tabaco, en donde se prohibe todo tipo de publicidad del tabaco en medios de comunicación o patrocinio de las tabacaleras a cualquier actividad, el consumo en espacios cerrados públicos y privados y contempla multas a los infractores.

"Estas son algunas de las medidas que nos ayudarán a controlar el consumo de tabaco en los jóvenes que hoy por hoy son el nuevo mercado a conquistar por las tabacaleras", afirmó el asambleísta Carlos Velasco, uno de los principales promotores de esta ley.

El nuevo cuerpo legal se aprobó con el voto de 104 asambleístas a favor de la ley, siete en blanco, dos abstenciones, y uno en contra. Otros 10 asambleístas estuvieron ausentes.

Entre las nuevas disposiciones están que los ecuatorianos no podrán fumar en ningún espacio cerrado de entidades públicas, en instituciones de salud, educación, en lugares de trabajo públicos, medios de transporte público y en ambientes cerrados destinados a actividades deportivas.

La regulación no abarca a discotecas, bares, casinos --aunque estos están en proceso de desaparición debido a que recientemente se aprobó en un referendo la prohibición de que funcionen en el país-- y otros lugares de entretenimiento para adultos. A los restaurantes se les permite designar espacios a cielo abierto donde se permita fumar.

El vocero del Comité Interinstitucional de Lucha Antitabaco, Luis Jácome, entidad que lidera la lucha contra el cigarrillo, expresó a periodistas que "es un momento de regocijo esta ley... (pero) no lo es todo, nos toca seguir... (con) campañas de sensibilización y socialización... de los beneficios de una ley que nos garantiza respirar aire puro en espacios cerrados".

Añadió que en Ecuador 4.000 personas mueren al año a causa del consumo de tabaco, 11 personas a diario.

La directora de la Tribuna del Consumidor, María José Troya, dijo a la AP que "es una avance tener una ley de control del tabaco y es algo por lo que siempre estuvimos luchando... porque consideramos que es la forma adecuada de dar una respuesta a la lucha contra el tabaco".

La Tribuna del Consumidor es una fundación privada no lucrativa a la que el gobierno le confirió reconocimiento para que canalice reclamos de consumidores sobre empresas, productos o servicios.

La ley también prohibe la venta de tabaco en centros de cuidado infantil, instituciones educativas públicas y privadas, desde el nivel básico hasta el superior, en establecimientos de salud, instituciones y escenarios dedicados a la práctica de deporte y a espectáculos deportivos, artísticos y culturales; instituciones frecuentadas por menores.

La nueva ley también limita todo tipo de publicidad de tabaco en medios de comunicación y sanciones económicas que van desde 264 a 1320 dólares a quienes permitan la violación de los espacios libres de humo, a quienes vendan cigarrillos en lugares prohibidos o a menores de 18 años, aunque todavía no se estipuló sobre quien recaerá la responsabilidad de hacer cumplir con las nuevas normas, lo cual probablemente requiera de un reglamento específico.

La AP intentó obtener comentarios de los principales fabricantes y distribuidores de cigarrillos pero de momento se abstuvieron de pronunciarse sobre la ley aprobada.

La ley obliga al estado a garantizar el tratamiento de la adicción al tabaco a las personas afectadas.

El 50% de lo recaudado en multas se destinará a la lucha antitabaco, el 30% a municipios que presenten planes que coadyuven al control del tabaquismo y el 20% para proyectos de organizaciones no gubernamentales con el mismo objetivo.

El ejecutivo promulgará para que cobre vigencia.