WASHINGTON (America's Voice).- Argumentando que sólo busca mantener las comunidades seguras y combatir la inmigración indocumentada, el presidente del panel Judicial de la Cámara Baja, Lamar Smith, republicano de Texas, impulsa dos problemáticos proyectos de ley con serias ramificaciones para el debido proceso de ley y para los trabajadores, incluyendo ciudadanos y residentes permanentes.

Vino a mi memoria el debate de la nefasta reforma migratoria de 1996, de la cual Smith fue artífice, si bien fue promulgada por un presidente demócrata, Bill Clinton. Como un ciclo que se cierra, el legislador busca completar ahora lo que inició entonces y quiere comenzar a hacerlo con dos medidas que formaron parte del proyecto H.R. 4437, mejor conocido como la Ley Sensenbrenner de criminalización de indocumentados, que en 2006 generó marchas a través del país, frenó el proyecto y movilizó votantes hispanos a las urnas. Smith coauspició la medida.

En los pasados años muchos de los proyectos de Smith no progresaron, ni siquiera con mayorías republicanas. Pero el legislador sabe esperar y ahora enfila sus cañones envalentonado por la mayoría republicana en la Cámara Baja, por la atmósfera policial que domina el debate migratorio a nivel federal y estatal, y por su noción de que haga lo que haga o diga lo que diga, los votantes hispanos retornarán a las filas del Partido Republicano porque como escribió hace unas semanas, a "los hispanos también les gusta la ley y el orden". Incluso cuando tratan de agradar ofenden.

Al centro del debate hay dos proyectos con títulos que invocan seguridad y sentido común y que hábilmente disfrazan sus controversiales efectos.

El primero, el H.R. 1932, permite la detención indefinida de inmigrantes que no son deportables a sus países de origen y que han perdido sus casos. De primera intención muchos estarían de acuerdo si se tratara de criminales peligrosos, pero lamentablemente en la amplia red lanzada por Smith también caen, por ejemplo, ciertos solicitantes de asilo o residentes legales.

Según la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), una tercera parte de los no deportables son cubanos, y entre los solicitantes de asilo hay nacionales de Colombia, El Salvador, Guatemala, México y Venezuela.

La medida también autoriza al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a detener, hasta por años, a personas que aguardan por la resolución de sus casos de asilo negándoles solicitar fianza ante un juez de inmigración. También amplía el poder del gobierno de detener a residentes permanentes que hayan cometido algún delito décadas atrás.

En otras palabras, para muchos una violación migratoria puede suponer cadena perpetua.

¿Y el debido proceso de ley? Bien, gracias.

No hablemos del costo, que según la ACLU es de $45,000 dólares por detenido, para un total de $1,900 millones de dólares en el año fiscal en curso.

La otra medida la hemos discutido ampliamente y es la que busca nacionalizar y hacer obligatorio el sistema E-Verify que emplea bancos de datos de la Administración del Seguro Social (SSA) y del DHS para corroborar que un empleado tiene sus documentos en regla.

Una vez más, se trata de una medida que a simple vista parece ser razonable, pero que al analizarla no pasa la prueba.

Repasemos algunos de los problemas:

· 3.6 millones de trabajadores estadounidenses tendrían que corregir su información en los bancos de datos y casi 800,000 trabajadores autorizados podrían perder sus empleos por errores en esos bancos de datos.

· Los ciudadanos naturalizados y los residentes permanentes tienen 32 veces y 10 veces, respectivamente, más probabilidades de figurar como "no" autorizados para trabajar que ciudadanos nacidos en Estados Unidos.

· Según datos del propio gobierno, en más 50% de las ocasiones el programa no identifica adecuadamente a los trabajadores indocumentados.

· La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) concluyó que el E-Verify nacional y obligatorio reduciría los ingresos federales en $17,300 millones en un lapso de diez años porque habría un alza en la cifra de trabajadores sin documentos que recibirían pagos por debajo de la mesa y fuera del sistema tributario

Y no me canso de repetirlo, hasta que no se resuelva la situación migratoria de millones de indocumentados en nuestro entorno, estos proyectos son soluciones a medias.

Pero Smith vuelve a la carga y con la atmósfera prevaleciente y las elecciones en puerta no debería sorprendernos si prevalece con su agenda de deportaciones masivas.

Maribel Hastings es asesora ejecutiva y analista de America's Voice

AOL NOTICIAS

Síguenos en twitter.com/foxnewslatino
Agréganos en facebook.com/foxnewslatino