La ministra coordinadora de Patrimonio de Ecuador, María Fernanda Espinosa, quien como canciller inició las conversaciones comerciales de su país con la Unión Europea, pidió en una entrevista con Efe "repensar" el modelo de acuerdo que su Gobierno negociaría con el bloque europeo.

Espinosa recordó que el proyecto político del movimiento oficialista Alianza País "se consolidó y legitimó a nivel popular con la idea de tomar precauciones sobre los efectos de los tratados de libre comercio".

En ese sentido señaló: "Hay temas que son absolutamente concretos y objetivos que nos deben hacer repensar el modelo de acuerdo comercial que estamos negociando con Europa".

Esos asuntos, según la ministra, son los servicios y las compras públicas, en los que Ecuador debe proteger a sus productores, así como los subsidios agrícolas europeos y las reglas de propiedad intelectual que podrían perjudicar a su país, explicó Espinosa.

La funcionaria dijo no conocer los textos específicos sobre los que negocian actualmente la cancillería y el ministerio coordinador de la producción, encargados de reiniciar las conversaciones con la Unión Europea (UE).

Sin embargo, enfatizó que la situación de Europa es diferente ahora que en 2007, cuando ella abrió las negociaciones desde su cargo de canciller y cuando, según explicó, se aceptó que Ecuador recibiera "un trato privilegiado" debido a su bajo nivel de renta.

Espinosa alertó de que la "profunda" crisis económica que vive el viejo continente obliga a sus empresas a ampliar mercados a América Latina.

Un argumento similar, aunque con palabras más duras, ha usado el vicecanciller, Kintto Lucas, quien denunció que los acuerdos que impulsa la UE "son una forma de neocolonialismo para salvarse de la crisis económica" mediante la venta masiva de sus productos en países en desarrollo.

El viceministro Coordinador de la Producción de Ecuador, Mauricio Peña, posteriormente rechazó las declaraciones de Lucas, en su nombre y en el de la titular de esa cartera, Nathalie Cely.

Según el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, Blasco Peñaherrera, esas manifestaciones contrapuestas sacaron a la luz un conflicto latente en el Gobierno entre los que promueven el "aislamiento" y los que abogan por la "integración" comercial.

En la entrevista con Efe Espinosa pidió "volver a la idea" en la que se había estado trabajando desde el año 2007, "que son estos acuerdos de comercio para el desarrollo, donde se reconozcan las particularidades de cada uno" de los países.

Específicamente en las negociaciones con Europa, a Espinosa le preocupa la apertura de las compras públicas de Ecuador, un negocio que asciende a 6.000 millones de dólares al año, pues actualmente en las licitaciones se favorece a los pequeños y medianos productores nacionales.

También destacó que los agricultores ecuatorianos no pueden competir "en igualdad de condiciones" con los europeos, porque éstos reciben 86.000 millones de dólares al año en subsidios.

Recordó asimismo que Europa "es el primer vendedor de servicios del planeta", y al respecto señaló: "Entonces nosotros estaríamos también hipotecando la posibilidad de poder competir con los grandes proveedores".

Por último, dijo que las leyes sobre propiedad intelectual y patentes deberían reconocer los conocimientos de los pueblos indígenas, pero esto no ocurre, por lo que las normas internacionales actuales "ponen en desventaja a los países de origen" de esa sabiduría ancestral.

"Son varias razones que nos tienen que hacer un llamado de atención de cómo debemos avanzar en un proceso de negociación", afirmó Espinosa, quien como canciller de enero a diciembre de 2007 fue responsable también de la política de comercio exterior.

Durante ese período Ecuador inició negociaciones junto con Perú y Colombia, países que sí las llevaron a término y han suscrito ya sendos tratados con Bruselas.

Ahora Ecuador quiere reiniciar las conversaciones, algo que Peña ha dicho que espera que ocurra "rápidamente", una vez que su país responda a cuestiones planteadas por Europa sobre su política respecto a las compras públicas y los sectores estratégicos.