La Fiscalía de Milán respetó "las reglas y la Constitución" en la investigación del caso Ruby, por el que el primer ministro, Silvio Berlusconi, está imputado de abuso de poder e incitación a la prostitución de menores, aseguró hoy Ilda Bocassini, una de las fiscales del proceso.

Bocassini hizo estas afirmaciones ante el Tribunal de Milán en una nueva vista por el proceso del caso de la joven marroquí Ruby R. y en respuesta a una de las "excepciones preliminares" presentadas por la defensa del mandatario, que aseguró que la Fiscalía había adquirido documentos de Berlusconi de forma ilícita.

El jefe del Gobierno italiano, como ya habían anunciado sus abogados, no asistió hoy al Tribunal de Milán, que fijó la próxima vista del juicio para el 18 de julio.

Los letrados de Berlusconi, Piero Longo y Niccolò Ghedini, aseguraron en la vista precedente que los fiscales adquirieron documentos y extractos bancarios relativos a varias cuentas del mandatario sin autorización de la Cámara de los Diputados.

Un hecho que, según los letrados, iba contra la Carta Magna, puesto que ésta prevé la necesidad de solicitar autorización a la Cámara para adquirir la correspondencia de un parlamentario, como es el caso de Berlusconi.

Por otro lado, Bocassini también defendió que el caso por incitación a la prostitución de menores sea juzgado por el Tribunal de Milán y que no debe ser transferido a la corte de Ministros, como pide la defensa de Berlusconi.

"El proceso debe permanecer en el tribunal ordinario de Milán y no debe ser transferido ni al Tribunal de Ministros por competencia funcional, ni al Tribunal de Monza, por competencia territorial", aseguró la fiscal.

La defensa de Berlusconi sostiene que cuando Berlusconi llamó a una comisaría milanesa el 27 de mayo para procurar que liberaran a Ruby R., que estaba detenida por un pequeño robo, lo hizo pensando que era sobrina del entonces presidente egipcio, Hosni Mubarak, y para evitar un incidente diplomático.

Por ello, sostienen que el supuesto delito de abuso de debe ser juzgado por el Tribunal de Ministros.

En cuanto al delito de incitación a la prostitución durante las fiestas privadas del mandatario, la defensa sostiene que el lugar en el que supuestamente éste se cometió es la residencia de Arcore de Berlusconi, en la provincia de Monza, por lo que la competencia de este caso recaería en el Tribunal de Monza, y no en el de Milán. EFE