Un juez dijo que someterá a juicio al ex gobernador del estado sureño de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, por cargos de malversar el equivalente a nueve millones de dólares que estaban destinados a la reconstrucción de una zona que azotó el Huracán Stan.

El juez Belisario Domínguez dijo el martes a la prensa que Salazar gobernador de Chiapas entre 2000 y 2006, enfrentará un juicio por delitos de peculado, abuso de funciones públicas, abuso de autoridad y asociación delictuosa. El ex funcionario está detenido desde el 7 de junio.

Al momento de escuchar que el juicio iniciará en su contra, Salazar dijo "no estoy conforme y apelaremos".

El abogado defensor César Cerisola dijo que respetarán la decisión del juez. "No la compartimos. Vamos a combatirla en las instancias correspondientes", dijo Cerisola a reporteros en la cárcel de alta seguridad "El Amate", en Cintalapa, a unos 863 kilómetros al sureste de la ciudad de México.

Afuera de la cárcel, alrededor de 30 personas aplaudieron y gritaron para celebrar el anuncio que Salazar permanecería en prisión con juicio en su contra. Se manifestaron para protestar abusos en contra de campesinos en los que incurrieron autoridades durante el gobierno de Salazar.

Fiscales del estado acusan a Salazar de haber usado 104 millones de pesos (más de 9 millones de dólares) para contratar un seguro que beneficiaría a él y a otros funcionarios al concluir su administración. Ese dinero estaba destinado a reconstruir villas dañadas por el Huracán Stan en octubre de 2005.

Salazar, de 56 años, gobernó Chiapas como militante de una coalición de seis partidos, incluyendo el Partido Acción Nacional, al que pertenece el presidente Felipe Calderón.

Domínguez agregó que Salazar no podrá salir bajo fianza y le negó ejercer cargos públicos. El juicio no se decidirá hasta dentro de varios meses y su sentencia podría ir de cuatro a 20 años en prisión.

La policía estatal arrestó a Salazar la noche del 7 de junio en el aeropuerto internacional de Cancún.

Hasta la fecha, la policía estatal ha cateado y confiscado al menos tres de sus residencias que las autoridades dicen fueron presuntamente compradas con dinero del gobierno.