La asociación humanitaria argentina Madres de Plaza de Mayo pidió hoy ser parte querellante en la causa abierta en los tribunales de Buenos Aires contra el exapoderado de la entidad Sergio Schoklender, entre otros acusados por lavado de dinero.

La presidenta de Madres, Hebe de Bonafini, entregó además al juez a cargo de la causa, Norberto Oyarbide, una denuncia contra Schoklender y su hermano, Pablo, también exmiembro de la entidad, por los delitos de asociación ilícita, administración fraudulenta y falsedad documental.

Las denuncias involucran "los que hayan actuado con los hermanos Schoklender para formar esta asociación ilícita ligada con empresas que fueron montando para desviar fondos y para su beneficio y lucro personal", señaló Eduardo Barcesat, el abogado de la asociación humanitaria.

"Sabemos que los jefes de la asociación ilícita (...) eran los hermanos Schoklender, pero sabemos también que esta asociación ilícita tiene una ramificación mucho más profunda incluso de la que nosotros pudiéramos sospechar", añadió.

Bonafini se mostró hoy "segura" de que Oyarbide "está trabajando muy bien" en la investigación, que puso en tela de juicio a los controles del Estado en la entrega de millonarios subsidios a entidades benéficas, como es el caso de las Madres de Plaza de Mayo.

"Vamos a llegar a lo que queremos: que los responsables vayan a la cárcel para siempre", afirmó antes de negar que tenga "miedo" de ser procesada por esta causa.

El magistrado prohibió la salida de Argentina a Schoklender y su hermano, mientras la prensa revela a diario nuevos datos sobre el abultado patrimonio que se le atribuye al exapoderado y que incluye un avión, yates, automóviles de lujo y varias propiedades.

Aunque Bonafini tachó a los Schoklender de "estafadores y traidores" y negó toda responsabilidad en los presuntos ilícitos, dirigentes de otras agrupaciones humanitarias y dirigentes políticos de la oposición han afirmado que la presidenta de Madres de Plaza de Mayo no podía desconocer los actos del exapoderado.

Las sospechas apuntan a la empresa Meldorek, a la que las Madres de Plaza de Mayo contrataron para la construcción de la viviendas, que según datos extraoficiales es propiedad en un 90 por ciento de Sergio Schoklender, quien negó esta relación en varias entrevistas.

El jefe de Gabinete del Gobierno argentino, Aníbal Fernández, consideró hoy "saludable" que la asociación humanitaria se presente como querellante, "porque en cuanto antes llegue la verdad, mejor".

Varios ministros del Ejecutivo de Cristina Fernández han mostrado públicamente su apoyo a las Madres desde que hace unas semanas estalló el escándalo, cuando Sergio Schoklender renunció a su cargo de apoderado de la asociación por desacuerdos internos en el manejo de subsidios estatales para la construcción de viviendas populares.

Los hermanos Schoklender protagonizaron un sonado escándalo hace 30 años al ser condenados a cadena perpetua por haber matado a sus padres, aunque en la década de los noventa fueron liberados gracias a una derogada ley que computaba como dobles los años de detención previos a la sentencia.

Tras su liberación, los hermanos comenzaron a trabajar con las Madres de Plaza de Mayo y en el programa Sueños Compartidos, por el que en los últimos años se construyeron miles de viviendas para personas de bajos recursos con fondos públicos por unos 300 millones de dólares, según la prensa local.