El Ministerio de Defensa, la Fiscalía y la Procuraduría pactaron el lunes frenar la impunidad en casos que involucran a militares y policías en violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

El acuerdo busca que los uniformados en casos como ejecuciones extrajudiciales, por ejemplo,el comando militar garantice su colaboración en la entrega de pruebas y acceso a los investigados, indicó en el acto la fiscal general, Viviane Morales.

El acuerdo fue firmado en un ceremonia, en un hotel del centro de la ciudad, luego de semanas de quejas de Morales al denunciar presuntas dilaciones en procesos a militares investigados por delitos contra los derechos humanos.

"Nada repugna más a la esencia de la Fuerza Pública, que la participación, así sea de un integrante, en la violación de la ley... y los derechos humanos", dijo en el acto Rodrigo Rivera, ministro de Defensa.

Rivera, junto a la Fiscal General, el Procurador General, Alejandro Ordóñez y la cúpula militar y policial, aseguró que la política gubernamental es la de "cero tolerancia a las violaciones de los derechos humanos".

La fiscal general explicó que las 15 medidas convenidas, que van desde el fortalecimiento de la Justicia Penal Militar, el monitoreo a unidades militares y policiales, reubicación de militares detenidos y el cumplimiento de garantías del debido proceso y el derecho a la defensa de los acusados, son un "esfuerzo interinstitucional" y una "solución coordinada" contra la impunidad.

"La Fiscalía espera mayor colaboración" de la Fuerza Pública en la recolección de pruebas y acceso a investigados, indicó Morales.

Morales dijo que la Fiscalía General tiene actualmente 1.486 investigaciones por denuncias de ejecuciones extrajudiciales que involucran a 2.701 personas asesinadas.

Por esos casos son investigados y están detenidos 1.414 uniformados, dijo Morales.

La justicia colombiana ha condenado en los últimos meses a 344 uniformados por su participación en ejecuciones extrajudiciales, dijo la Fiscal General.

El vicepresidente de la República, Angelino Garzón, aunque resaltó que un acto contra los derechos humanos cometido por un uniformado constituía un "atentado" y una "conspiración contra la democracia", tal acción no representaba una política estatal.

Christian Salazar, representante en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo a los reporteros en el acto que monitorearán el cumplimiento de esas 15 medidas y recomendó que los 500 casos de ejecuciones extrajudiciales que aún están en la jurisdicción castrense pasen a la civil debido a que no pueden considerarse delitos derivados del servicio militar y policial.