El estado de Alabama promulgó el jueves la ley que es considerada la más intransigente en Estados Unidos contra los indocumentados, en una decisión que fue deplorada por México.

La legislación permite a la policía detener a cualquier sospechoso de ser indocumentado si es interrogado por cualquier otro motivo.

Además, exige a las escuelas públicas determinar la situación migratoria de los alumnos y considera un delito transportar a sabiendas a un indocumentado. Las empresas de Alabama también deben aclarar ahora si cualquier empleado nuevo reside legalmente en Estados Unidos.

El gobierno de México lamentó la promulgación de la medida por considerar que "afecta potencialmente los derechos humanos y civiles de los mexicanos que habitan o visitan esa entidad".

Las personas que votaron por la ley no consideraron "las numerosas contribuciones de la comunidad inmigrante a la economía" local, expuso la cancillería mexicana en un comunicado y adelantó que realizará un análisis sobre posibles apoyos legales a los mexicanos que pudieran verse afectados.

La población de origen mexicano en Estados Unidos, según la Oficina del Censo, se duplicó en la última década hasta llegar a 31,8 millones, con lo cual representa el 63% de los hispanos en el país.

El gobernador de Alabama, Robert Bentley, dijo al promulgar el documento con su firma que basó su campaña electoral en crear el más duro proyecto de ley contra la inmigración ilegal.

Bentley, del Partido Republicano, pronosticó que la nueva ley pasará la prueba de su constitucionalidad ante los tribunales.

"Tenemos un verdadero problema con la inmigración ilegal en este país", dijo. "Estoy orgulloso de la legislatura por trabajar incansablemente para crear el proyecto de ley de inmigración más fuerte en el país".

Grupos activistas como la Asociación Nacional para la Defensa de los Derechos Civiles y el organismo Southern Poverty Law Center concordaron en que la nueva ley es la más dura de su tipo en todo el país, pero advirtieron que acudirán a la justicia para que sea anulada.

La directora del departamento legal del Southern Poverty Law Center, Mary Bauer, sostuvo el jueves que espera que sea incoada una demanda antes de que la ley entre en vigencia el 1 de septiembre.

"Es claramente anticonstitucional. Es rastrera, racista y creo que una corte la invalidará", dijo Bauer.

La legislación de Alabama, en el sureste de Estados Unidos, se parece a una ley aprobada en Arizona, en el suroeste y colindante con México. Un juez federal suspendió el año pasado algunas de sus cláusulas de la ley de Arizona tras una demanda del Departamento de Justicia. Un juez federal de apelaciones refrendó el fallo y la gobernadora de Arizona Jan Brewer prometió apelar ante la Corte Suprema.

Georgia, también en el sureste, aprobó igualmente este año una ley para combatir la inmigración ilegal, y los grupos activistas de los derechos civiles incoaron una demanda para intentar derogarla.

Alabama tiene unos 120.000 indocumentados, que representan un aumento de cinco veces respecto a una década atrás, según la organización Pew Hispanic Center. Al parecer muchos laboran en granjas, en plantas procesadoras de pollo y en la construcción.

La población hispana de Alabama aumentó a más del doble en el 2000 y el 2010 cuando llegó a 186.000 que constituyen el 3,9% de los casi 4,8 millones de habitantes en el estado, de acuerdo con el Censo. No hay cifras disponibles sobre su situación legal.

Uno de los promotores de la legislación, el senador republicano Scott Beason, consideró que la medida favorecerá a los desempleados al impedir que los indocumentados obtengan trabajo en el estado. El índice de desempleo en Alabama fue de 9,3% en abril, que es la última cifra disponible.

"Esta regresará a miles de habitantes de Alabama a la fuerza laboral", dijo Beason.

El patrocinador en la Cámara de Representantes, el republicano Micky Hammon, dijo que la ley fue redactada de tal forma que si alguna de sus partes es considerada anticonstitucional o que viola la ley federal, el resto prevalecerá.

El Consejo Empresarial de Alabama no se pronunció de inmediato. En la vecina Georgia, algunos empresarios, incluidos agricultores, alertaron que la reciente ley podría complicar la contratación de trabajadores fiables, de los cuales muchos son indocumentados.