Italia anunció el jueves que apelará a la Corte Internacional de Justicia por una decisión de Supremo Tribunal Federal de Brasil de negar la extradición de un prófugo italiano, convicto por la muerte de cuatro personas en la década de 1970.

El Ministerio de Relaciones Exteriores dijo el jueves que tiene la intención de continuar recurriendo a todos los medios legales a fin de obtener la extradición de Cesare Battisti, que era militante de la guerrilla Proletarios Armados por el Comunismo (PAC).

El primer ministro Silvio Berlusconi recibió con "vivo pesar" el pronunciamiento del Tribunal Supremo Federal de Brasil que confirmó el rechazo de su extradición.

"La decisión no tiene en cuenta las legítimas expectativas de justicia del pueblo italiano y en particular de los familiares de las víctimas de Battisti", señaló en un comunicado.

Italia, respetando la voluntad de la justicia brasileña, "continuará su acción y activará las oportunas instancias jurídicas para asegurar el respeto de los acuerdos internacionales existentes entre los dos países", agregó.

No obstante, el asesor de asuntos internacionales del gobierno brasileño, Marco Aurelio Garcia, destacó que la decisión sobre Battisti corresponde a un fallo de la máxima instancia judicial de Brasil y que Italia tiene derecho de apelar si así lo considera.

"El Supremo Tribunal Federal soberanamente decidió sobre eso e Italia tiene todo el derecho de usar las prerrogativas que le parezcan", declaró Garcia a periodistas en Brasilia.

Tras el fallo de la justicia brasileña, Battisti salió la madrugada del jueves de la prisión de Papuda, en Brasilia, y se trasladó a un hotel, confirmó la oficina del abogado Luis Roberto Barroso, defensor del italiano.

La abogada Renata Saraiva, del despacho de Barroso, dijo que el jueves fue presentada al Consejo Nacional de Migración una solicitud para regularizar la situación migratoria de Battisti, quien entró ilegalmente a Brasil en 2004 y no cuenta con pasaporte. El consejo debe decidir en qué condición legal el italiano podrá permanecer en Brasil.

Seis de los nueve jueces del STF (corte suprema) que participaron del caso decidieron el miércoles mantener la decisión tomada por el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva de permitir la permanencia de Battisti en Brasil, lo que puso fin a una discusión jurídica de más de dos años. Dos jueces se excusaron de participar del caso.

En una segunda votación que resultó también 6-3, el STF ordenó la liberación del italiano.

El presidente de Italia, Giorgio Napolitano, deploró la decisión, que "contrasta con las históricas relaciones de amistad entre los dos países y renueva la solidaridad a los familiares de las víctimas de los horribles delitos cometidos por Battisti".

La decisión de la justicia brasileña "asume un significado gravemente perjudicial del respeto debido, tanto por los acuerdos suscritos por Italia y Brasil en esta materia, que por razones de la lucha contra el terrorismo de Italia, en defensa de las libertades e instituciones democráticas, en rigurosa observancia de las reglas del estado de derecho".

Por el contrario, la Orden de los Abogados de Brasil (OAB) defendió en un comunicado la decisión del STF, señalando que "Brasil hizo valer su soberanía, que es una tradición de nuestra diplomacia, de no aceptar injerencia externa".

Battisti, de 56 años, fue sentenciado en ausencia en Italia por cuatro asesinatos cometidos en la década de 1970. Su defensa alega que la condena se basó en declaraciones de un ex miembro de PAC que accedió a ser testigo contra Battisti a cambio de su propia libertad y que no existen pruebas de su participación en los asesinatos.

El caso remeció las relaciones entre Brasil e Italia desde que el país sudamericano accedió en 2009 a admitirlo como refugiado.

El italiano escapó de una cárcel de su país en 1981 mientras esperaba ser enjuiciado por su militancia guerrillera. Vivió en México antes de mudarse a Francia en 1990, cuando fue condenado a cadena perpetua en Italia.

En 2004 llegó a Brasil, donde fue detenido tres años después. El ex ministro de Justicia Tarso Genro le otorgó la condición de refugiado en enero de 2009 al considerar que existía riesgo de que fuera perseguido si se le extraditaba a Italia.

El STF revirtió su decisión en noviembre de ese año al aprobar el pedido italiano de extradición, pero el fallo del máximo tribunal de justicia dejó en manos del presidente la última palabra sobre su envío a Italia.

Ante ello, el ex presidente Lula resolvió en diciembre autorizar la permanencia del italiano en Brasil en condición de inmigrante, aunque el STF mantuvo para sí la potestad de decidir si la determinación presidencial adhiere al tratado de extradición entre Brasil e Italia.

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El corresponsal de AP en Brasilia Marco Sibaja contribuyó en esta nota.