El gobierno se desvinculó el miércoles del escándalo que generó el presunto manejo irregular de fondos estatales por un ex apoderado de la organización humanitaria Madres de Plaza de Mayo.

Sergio Schoklender, ex apoderado de la fundación Madres de Plaza de Mayo, su hermano Pablo y más de una docena de allegados son sospechosos de haber cometido maniobras irregulares con los fondos estatales recibidos por la organización para construir viviendas populares.

El subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Luis Alberto Bontempo, dijo ante los miembros de la comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados que el control directo de dichas obras no estaba en manos del Poder Ejecutivo sino de las jurisdicciones municipales y provinciales que recibían los fondos para las edificaciones en Buenos Aires y otras ciudades del país.

"Nosotros financiamos a la jurisdicción. Nos regimos por las leyes de cada jurisdicción; son ellas las encargadas de contratar y controlar, de pagar e inspeccionar la obra", afirmó ante varios diputados del oficialismo y la oposición.

El funcionario sostuvo que "se está mezclando un financiamiento del Estado nacional con una estafa de terceros".

"Nosotros no tenemos trato directo con las Madres. Tratamos con las jurisdicciones", dijo a su vez el subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, quien señaló que "se certifica y se paga sólo lo que está en obra".

Varios diputados opositores opinaron a su vez que la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, no es responsable de los desmanejos descubiertos y cuestionaron en cambio al gobierno por no haber controlado adecuadamente el destino de los fondos. Este último ha reiterado en los últimos días que la entidad humanitaria es inocente y que la administración nacional no ha cometido irregularidad alguna.

De Bonafini es madre de dos hijos desaparecidos. Su organización, muy cercana al gobierno, pide el castigo para los represores de la última dictadura militar (1976-1983).

Schoklender y el resto de los sospechosos son investigados en una causa judicial que tiene a las Madres por "damnificadas" por supuesto lavado de dinero, defraudación a la administración y asociación ilícita. El juez Norberto Oyarbide investiga los supuestos desvíos de dinero del ex apoderado a empresas que serían de su propiedad.

En tanto, el fiscal Miguel Osorio pidió a su vez la apertura de una investigación para determinar si funcionarios que firmaron los contratos para la edificación de las viviendas incurrieron en algún delito, informaron medios de prensa.

De Bonafini, que estaba muy unida a Schoklender, lo ha tildado de estafador y dijo que si es culpable de algún delito debe ir presos.