El presidente salvadoreño Mauricio Funes pidió al resto de autoridades del Estado un acuerdo que recupere la "armonía democrática" del país a raíz de un polémico decreto legislativo que obliga a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a tomar decisiones en forma unánime y no por mayoría.

"Como consecuencia de la emisión de este decreto, el país ha vivido un verdadero conflicto de poderes, que he visto con suma preocupación", dijo Funes en un comunicado emitido la noche del jueves por la presidencia.

El mandatario agregó que los órganos del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial tienen la responsabilidad "urgente" de superar la situación, "mediante un acuerdo institucional que permita recuperar la necesaria armonía democrática para avanzar en las soluciones a los problemas más serios que vive la familia salvadoreña".

"Este acuerdo debe ser, insisto, institucional y no partidario o de grupos. Es decir, debe reunir a las autoridades de los tres órganos del Estado para así garantizar la estabilidad y la gobernabilidad por el bien del pueblo y el futuro del país", indicó Funes en el informe.

El mandatario de izquierda avaló el decreto 743 aprobado la semana pasada con los votos de los partidos más conservadores del país, la ex gobernante Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Partido de Conciliación Nacional (PCN), Partido Demócrata Cristiano (PDC) y la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA).

El izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), partido que apoyó a Funes para alcanzar la presidencia, y el partido Cambio Democrático (CD) no apoyaron la reforma.

El decreto obliga a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a tomar decisiones en forma unánime y no por mayoría. La legislación establecía que los recursos de inconstitucionalidad requerían de cuatro de cinco posibles votos de los magistrados y ahora con la reforma sólo se podrá tomar decisiones con el voto de los cinco magistrados de la Sala.

El apoyo del mandatario al decreto provocó protestas de organizaciones civiles y críticas de políticos incluido el presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado del FMLN, Sigfrido Reyes, que tildó la acción como "una aberración de todo punto de vista político y constitucional".

Funes explicó en el comunicado que apoyó el decreto "con el propósito de servir al país", basado en que éste se encuentra "completamente apegado a la letra y espíritu de la Constitución", para "prevenir la consumación de un conflicto" entre el órgano Legislativo y Judicial y que a su juicio este "no maniataba ni obstruía en ningún caso la acción de la Sala de los Constitucional".

El decreto es de carácter transitorio y su vigencia durará hasta el 21 de julio de 2012, fecha en que concluye el período del actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, Belarmino Jaime, también miembro de la Sala de lo Constitucional.

El decreto se produjo luego de recientes resoluciones de la Sala que han tocado el sistema político de este país, entre ellas la cancelación de los partidos PDC, PCN y una declaración de ilegalidad en el nombramiento de dos magistrados del Tribunal Supremo Electoral del PDC y PCN.