El gobierno español defendió el jueves un polémico proyecto de ley para reformar los convenios colectivos laborales, que ha chocado con la oposición de los sindicatos mayoritarios de izquierda y la patronal de empresarios.

Tal y como había prometido, el gobierno socialista redactó un borrador que tiene previsto aprobar el viernes tras fracasar cuatro meses de negociaciones entre los agentes sociales. El objetivo de la reforma es impulsar las contrataciones en el marco de una economía comatosa y golpeada por un desempleo del 21,3%.

El proyecto podrá reformarse en el parlamento.

Sin embargo, el texto original no ha gustado a nadie. El proyecto actualiza una legislación vigente desde hace 30 años y que es vista como excesivamente rígida por parte de los economistas, sobre todo en tiempos de crisis como los actuales.

La principal patronal de empresarios, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) se mostró muy molesta con la cláusula que permite prorrogar la vigencia de un convenio caducado, mientras empresa y trabajadores negocian uno nuevo.

Los principales sindicatos, Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO), no comulgan con la idea de autorizar a los empresarios a prolongar o recortar el horario laboral de sus empleados en función del volumen y la carga de trabajo. Una manera, dicen, de evitar el pago de horas extraordinarias en las nóminas.

El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, se entrevistó el jueves con dirigentes sindicales y el miércoles con los empresarios.

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, aseguró que el gobierno ha ignorado el principio de acuerdo alcanzado entre las partes antes de que la neogiación se rompiera.

"No me gusta ni la música ni la letra", dijo Rosell.

Por su parte, el líder de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, señaló el jueves que ni este plan ni la reforma del mercado laboral — que abarató el despido y le costó al gobierno una huelga general el pasado 29 de septiembre — no contribuirán a crear empleo.

Gómez, por su parte, dejó claro que el gobierno no puede complacer a las dos partes.

"Esto es parte del juego. Tiene que ser así", consideró Gómez. "Cada uno defiende una visión de su papel en las relaciones laborales. El papel del gobierno es poner orden. Poner paz".