El presidente Juan Manuel Santos designó el miércoles a la abogada Clara López Obregón como alcaldesa interina de Bogotá, luego de la suspensión del titular del cargo por un escándalo de corrupción.

Al anunciar la designación en la sede de gobierno, Santos dijo que escogió a López de una terna de candidatos presentada el 11 de mayo por la dirección del partido izquierdista Polo Democrático Alternativo, que ha gobernado esta capital en dos mandatos sucesivos de cuatro años cada uno.

López ha sido contralora de Bogotá, presidenta del Concejo de la capital y durante más de dos años se desempeñó como secretaria de Gobierno del entonces alcalde Samuel Moreno. El año pasado se postuló como vicepresidenta.

El 3 de mayo, el alcalde Samuel Moreno, también del Polo, fue suspendido por tres meses del cargo por la Procuraduría General de la Nación --una instancia que sólo impone sanciones disciplinarias--, que consideró que el funcionario incumplió en vigilar la ejecución de millonarios contratos de obras públicas viales en la capital colombiana.

Ya la Corte Suprema de Justicia, que conoce las investigaciones penales contra congresistas, había dispuesto la captura del hermano de Moreno, el senador Iván Moreno, quien está en prisión desde abril por supuestamente haber cobrado comisiones a empresas constructoras a cambio de los contratos de ejecución de obras en esta ciudad de ocho millones de habitantes.

Hasta ahora, sin embargo, la Fiscalía no ha pedido a tribunales alguna medida en contra del suspendido alcalde, pese a que ya lo interrogó en dos oportunidades como parte de las investigaciones del caso.

En caso de que se produzca alguna medida penal en contra de Samuel Moreno, o que la Procuraduría prorrogue la suspensión, López llenaría su vacante hasta el final de su mandato, que termina el 1 de enero próximo.

Los hermanos Moreno Rojas, nietos del ex presidente colombiano Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957), han negado haber incurrido en cualquier ilegalidad y pregonan ser inocentes de las acusaciones.

Según la Fiscalía, en los cuestionados contratos para obras de infraestructura, como vías en Bogotá, el erario fue desfalcado en unos 2,2 billones de pesos o unos 1.222 millones de dólares.