La justicia brasileña rechazó el miércoles el pedido de extradición del prófugo ex guerrillero italiano Cesare Battisti, sentenciado en su país a prisión perpetua por cuatro asesinatos en la década de 1970, y ordenó su liberación.

Seis de los nueve jueces del Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema) que participaron del caso decidieron mantener la decisión tomada por el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva de permitir la permanencia de Battisti en Brasil, lo que puso fin a una discusión jurídica de más de dos años. Dos jueces se excusaron de participar del caso.

En una segunda votación que resultó también 6-3, el STF ordenó la liberación del italiano, que está actualmente detenido en la prisión de Papuda, en Brasilia.

Para ello, el presidente del STF, Cezar Peluso, debe enviar una nota en que revoca la orden de encarcelamiento del activista al Ministerio de Justicia, que deberá decidir cuándo lo libera.

Los magistrados determinaron que un estado extranjero no tiene legitimidad para contestar un acto soberano del estado brasileño, en este caso la decisión de Lula de permitir la permanencia de Battisti en el país.

"El acto del presidente expresa una razón de estado, manifiesta la voluntad soberana del estado brasileño", explicó el juez Ricardo Lewandoski, al defender la decisión de Lula.

Su colega Gilmar Mendes, relator del caso, defendió la extradición del italiano, como había sido determinado en noviembre de 2009 por el mismo STF, al alegar que el presidente no tenía autoridad de revertir ese fallo.

Battisti, de 56 años, fue sentenciado en ausencia en Italia por cuatro asesinatos cometidos en la década de 1970 cuando militaba en la guerrilla Proletarios Armados por el Comunismo (PAC).

Su defensa alega que la condena se basó en declaraciones de un ex miembro de PAC que accedió a ser testigo contra Battisti a cambio de su propia libertad y que no existen pruebas de su participación en los asesinatos.

El caso remeció las relaciones entre Brasil e Italia desde que el país sudamericano accedió en 2009 a admitirlo como refugiado.

El italiano escapó de una cárcel de su país en 1981 mientras esperaba ser enjuiciado por su militancia guerrillera. Vivió en México antes de mudarse a Francia en 1990, cuando fue condenado a cadena perpetua en Italia.

Llegó a Brasil en 2004 donde, tres años después, fue detenido. El ex ministro de Justicia Tarso Genro le otorgó la condición de refugiado en enero de 2009 al considerar que existía riesgo de que fuera perseguido si se le extraditaba a Italia.

El STF revirtió su decisión en noviembre de ese año al aprobar el pedido italiano de extradición, pero el fallo del máximo tribunal de justicia dejó en manos del presidente la última palabra sobre su envío a Italia.

Ante ello, el ex presidente Lula resolvió en diciembre autorizar la permanencia del italiano en Brasil en condición de inmigrante, aunque el STF mantuvo para sí la potestad de decidir si la determinación presidencial adhiere al tratado de extradición entre Brasil e Italia.