Las víctimas de un jarabe contaminado que mató a centenares de personas en Panamá presentaron un recurso para que la justicia española siga investigando el caso, informó el martes a The Associated Press un juez de la Audiencia Nacional.

El juez Ismael Moreno archivó en abril el caso, en el que está implicado la mayorista farmacéutica de Barcelona Rasfer Internacional S.A.

Según el auto de sobreseimiento, la empresa española era una "mera intermediaria comercial" y "no estaba obligada a realizar análisis alguno del producto".

El magistrado deberá resolver en los próximos días la apelación planteada por los abogados españoles de las víctimas, que representan a 150 afectados del país centroamericano.

En Panamá, el dirigente del Comité de Familiares de Pacientes por el Derecho a la Salud y la Vida, Gabriel Pascual, dijo a la AP que la decisión del juez español de archivar el caso "no es correcta, ni justa para las víctimas... y frente a eso nosotros hemos procedido a apelar esa decisión, apelar a la conciencia del juzgado y del pueblo español a que el mismo proceso continúe porque en Panamá hay mucha dificultad, un vía crucis para las personas afectadas".

Unas 20 personas están sindicadas por el caso del envenenamiento masivo en Panamá, aunque sólo una de ellas está encarcelada. Al resto se le aplicaron medidas cautelares.

La historia se remonta a cuando la Caja de Seguro Social (CSS) licitó a la panameña Medicom S.A. la compra de glicerina para elaborar una jarabe. Según las investigaciones, la empresa panameña adquirió el principio activo a la española Rasfer, que su vez la obtuvo de una compañía de China.

La sustancia que llegó a Panamá no era glicerina para consumo humano sino un tipo industrial que contenía dietilenglicol. Con ese material, se elaboraron y distribuyeron jarabes para la tos y un antialérgico, así como dos lociones para la piel, que provocaron un envenenamiento de la población a finales de 2006.

Los abogados españoles tienen documentadas al menos de 250 muertes por los jarabes contaminados, aunque podrían ser muchas más. El medicamento provocó a los afectados un síndrome que les hizo colapsar los riñones.

Las autoridades solo reconocen 170 muertes a consecuencia del consumo del jarabe contaminado, mientras que Pascual --quien asegura que perdió a su abuela y padre al ingerir los fármacos con el químico industrial-- estima que se han registrado más de 8.200 fallecimientos por el caso.

El Comité está integrado por familiares de sobrevivientes y muertos por el consumo de esos medicamentos contaminados y que suele realizar manifestaciones callejeras exigiendo mejor atención médica y justicia.

Pascual aseguró que el martes fue enterrado a un hombre de 60 años que murió el viernes por complicaciones que atribuye al consumo de los jarabes contaminados.

"Hay una gran cantidad que están hospitalizadas", agregó el dirigente. "Y frente a eso no hemos visto respuesta concreta por parte del presidente panameño y el Estado como tal no ha asumido la responsabilidad que le corresponde".

No fue posible obtener una reacción oficial en Panamá sobre la decisión del juez español y de las aseveraciones de Pascual.

Muchos de los fallecidos eran personas que presentaron en algún momento de su vida historial de presión arterial alta, diabetes o insuficiencia renal.

La querella interpuesta ante la Audiencia Nacional trataba de esclarecer la responsabilidad de la empresa española en la cadena de errores.

Según el escrito de Moreno, el producto en sí "no fue objeto de manipulación o sustitución desde su origen hasta su destino" y subrayó que la legislación española prevé que la farmacéutica que elabora el medicamento se encargue de analizarlo y no la distribuidora.

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El reportero de The Associated Press, Juan Zamorano, contribuyó con este reporte desde Panamá.