El ministro de Relaciones Interiores, Tareck El Aissami, anunció el lunes que el gobierno acordó someter a reestructuración la policía judicial luego del confuso incidente que ocurrió el mes pasado en el que perecieron tres detenidos.

El Aissami dijo a la prensa que siguiendo instrucciones del presidente Hugo Chávez el gobierno creó un grupo de trabajo que se encargará de realizar una "transformación radical" en el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC).

El ministro explicó que las autoridades buscarán "elevar" el nivel operativo del cuerpo, y transformarlo en una "policía verdaderamente científica, dedicada a la investigación criminalística y penal, y no una policía ofensiva".

Chávez ordenó en la víspera una profunda investigación sobre el hecho que ocurrió el 26 de mayo cuando dos detenidos fallecieron en confusas circunstancias en las celdas de una comisaría del CICPC en el este de la capital.

Un tercer detenido localizado en estado de gravedad en su celda, fue traslado a un centro hospitalario donde falleció también el 26 de mayo.

Como parte de las investigaciones las autoridades acordaron la semana pasada la captura de cuatro funcionarios del CICPC, de los cuales ya fueron detenidos dos, y se está tras la búsqueda de otros dos, entre ellos el jefe de capturas del cuerpo policial.

El Aissami dijo la semana pasada que las investigaciones preliminares forenses apuntan a que los detenidos "fallecieron por sofocación" y aunque sus cuerpos presentaban lesiones éstas no estarían estrechamente relacionadas con las causas de sus muertes.

El subdirector del CICPC, Alvis Pinto, dijo a finales de mayo que tras la autopsia que se realizó a uno de los fallecidos se determinó que murió a consecuencia de un edema cerebral causado por una asfixia. El funcionario no informó sobre cómo murieron los otros dos detenidos.

Pinto explicó que algunos detenidos suelen ser adictos a algunas sustancias, y que sufren ataques de ansiedad dentro de las celdas.

Algunos de los familiares de los detenidos rechazaron la declaración de Pinto y denunciaron que los fallecidos presentaron lesiones y hematomas por lo que presumen que habrían sido golpeados y torturados en el CICPC.

El Ministerio de Relaciones Interiores decidió el pasado 4 de mayo someter a la policía del municipio capitalino de Chacao, que es controlada por un alcalde opositor, a una medida de "asistencia técnica" luego de la denuncia que presentó una diputada oficialista contra miembros de ese cuerpo por las presuntas agresiones que cometieron a un grupo de detenidos a inicios del año pasado.

Asimismo, nueve funcionarios activos y dos retirados de la Policía de Chaca, que resultaron implicados en el incidente, fueron imputados por la Fiscalía General por los delitos de "lesiones personales intencionales", "abuso contra detenidos" y "quebrantamientos de pactos internacionales".

La organización local Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea) reveló en un informe, correspondiente al período octubre 2009-septiembre 2010, que en el país ocurrieron 237 asesinatos por la acción de las fuerzas de seguridad, de los cuales 199 fueron por ejecuciones extrajudiciales, nueve por exceso del uso de la fuerza, y 10 por tortura o trato cruel.