La Fiscalía del estado brasileño de Pará pidió hoy a la Justicia por undécima vez que paralice las obras de la gigantesca central hidroeléctrica de Belo Monte, que ya han comenzado en la selva amazónica, por supuestas irregularidades.

La denuncia cuestiona la legalidad de la licencia de obras concedida la semana pasada por el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama), que dio el visto bueno a esta represa, que será la tercera mayor del mundo con una potencia de 11.233 megavatios cuando se concluya en 2015, según los cálculos del Gobierno.

El informe del Ibama "demuestra" que la constructora no ha cumplido el 40 por ciento de los requisitos previos exigidos en áreas como las de salud, educación, saneamiento o navegabilidad del río Xingú, afluente del Amazonas, informó la Fiscalía en un comunicado.

El incumplimiento de exigencias como la instalación de una red de saneamiento va a producir "contaminación, eutrofización y putrefacción de los arroyos" que bañan la ciudad de Altamira, donde se ubicará Belo Monte.

La Fiscalía también constató que el consorcio Norte Energía presentó un informe "falso" en el que afirmó que ha acometido obras en los sectores de la salud y educación "que no existieron", según constató la última inspección realizada por los técnicos del Gobierno.

Esta es la undécima denuncia interpuesta por la Fiscalía de Pará, que ha denunciado insistentemente la falta de celo de los organismos públicos para garantizar la protección a los campesinos, los pueblos indígenas y el ecosistema amazónico.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) y Amnistía Internacional también han pedido la paralización de la polémica obra por estos motivos.

Los pueblos ribereños denuncian que la central va a inundar 516 kilómetros cuadrados de selva y va a obligar a desplazar de sus hogares a cerca de 50.000 personas.

El Gobierno brasileño defiende la necesidad de Belo Monte para garantizar el abastecimiento de energía, a la vez que niega que la obra vaya a inundar las tierras indígenas.

Al concederse la licencia de obra, las autoridades anunciaron un plan de mejorías de infraestructuras urbanas con el que se pretende causar una "revolución económica y social" para esta región remota.

Las obras de preparado del terreno comenzaron el pasado marzo gracias a una licencia previa, cuya concesión también fue cuestionada en los tribunales.