Las Madres de Plaza de Mayo, consideradas un símbolo mundial de la lucha por la defensa de los derechos humanos, han visto dañada su reputación a partir del accionar de un ex apoderado que está bajo investigación por el presunto enriquecimiento a través de fondos públicos destinados a esa organización.

El escándalo también ha tenido repercusiones políticas a pocos meses de las elecciones generales, puesto que las Madres son muy cercanas a la presidenta Cristina Fernández, quien todo indica buscará la reelección.

Sergio Schoklender, mano derecha de Hebe de Bonafini, presidenta de la organización, está imputado por los delitos de "defraudación a la administración pública, lavado de dinero y asociación ilícita", junto a su hermano Pablo y a otros siete allegados.

De acuerdo con la denuncia del fiscal Jorge Di Lello, Schoklender habría realizado una serie de "maniobras sospechosas" dirigiendo fondos públicos destinados a un programa de la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas populares hacia una serie de empresas.

La causa está a cargo del juez federal Norberto Oyarbide, quien les prohibió la salida del país a los imputados y ordenó una serie de allanamientos y secuestro de documentación.

Schoklender, que según medios de prensa cuenta con un patrimonio que incluye un Ferrari, un Porsche y aviones privados, entre otros bienes, se presentó espontáneamente este lunes en los tribunales y le entregó documentación a Oyarbide "para probar que no cometió delito alguno", explicó su abogado Adrián Tenca.

"Las acusaciones son contra el apoderado, que era Sergio, y contra su hermano, y si cometieron delito tendrán que pagar", expresó Hebe de Bonafini en una entrevista que concedió el domingo al diario Tiempo Argentino, de línea oficialista.

"Todos los imputados están separados, porque no vamos a poner en riesgo todo, sabemos lo que hacemos, cómo podemos responder, pero la cosa está muy seria. Creo que las cosas van a andar bien", sostuvo la militante, firme en proclamar la inocencia del grupo que lidera pero dolida por el accionar de Schoklender, a quien consideraba un hijo.

En la denuncia no se involucra al organismo fundado por las madres de los desaparecidos durante la última dictadura militar (1976-1983), pero sí ha puesto en cuestión la cercanía de ese grupo con el gobierno, que les ha girado millones de pesos para obras benéficas al parecer sin un debido control.

"Creo que hay una gran responsabilidad del gobierno que debe determinar controles, auditorías y rendiciones de cuentas, porque no se habla de monedas sino de millones y millones de pesos", expresó el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, también titular del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj).

Pérez Esquivel también cuestionó a las Madres por adoptar "una opción de acción partidaria" a partir de su cercanía con primero al gobierno del ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007) y luego de su sucesora Fernández.

Los Kirchner impulsaron una revisión de lo sucedido en la última dictadura militar y la anulación de las leyes de amnistía que permitió la condena de decenas de miembros de las fuerzas de seguridad. Las Madres, así como también las Abuelas de Plaza de Mayo, sintieron que por primera vez un gobierno tomaba como "cuestión de estado" sus reclamos de justicia.

Bonafini, madre de dos hijos desaparecidos, recuerda que Kirchner, fallecido el 27 de octubre de 2011, fue el primer presidente que la invitó a la Casa de Gobierno.

Pero militantes de otros organismos de derechos humanos, como el Serpaj de Pérez Esquivel, vieron en esa política "segundas intenciones": Kirchner asumió en medio de una profunda crisis económica que desató un clima de agitación social permanente. La cercanía con militantes de derechos humanos le aseguraba cierto control de la calle.

Desde el gobierno dicen que a partir del caso Schoklender buscan atacar la política de derechos humanos oficial.

"El hecho está y hay que investigarlo...(pero) están tratando de castigar duramente al corazón de los organismos de derechos humanos", afirmó el jefe de gabinete de ministros, Aníbal Fernández, en su habitual columna de opinión de los lunes en el canal privado Telefé.

La oposición, en tanto, ha presentado pedidos en el Congreso para que el Poder Ejecutivo de explicaciones sobre los fondos girados a las Madres, en coincidencia con la campaña electoral para las elecciones generales del 23 de octubre.

A través del programa "Misión Sueños Compartidos", las Madres de Plaza de Mayo construyen viviendas para sectores de bajos recursos en todo el país con subsidios del estado.

"El proyecto sigue" pese al escándalo, aclaró Bonafini. "Nació hablando con las Madres, pensamos cómo queremos que nos recuerden. Y a mí me dolía tanto que sólo nos recuerden por la persecución a los milicos (militares)".