Son conducidos al tribunal con grilletes, todavía con las ropas y zapatos cubiertos de polvo, con los que cruzaron el desierto para entrar en territorio estadounidense desde México.

Los 70 inmigrantes indocumentados, en su mayoría varones veinteañeros y treintañeros, colman el sector del jurado de 16 sillas, además de siete hileras de bancos de madera normalmente reservados para el público del tribunal federal de Tucson.

Más o menos en una hora, las decenas de inmigrantes aceptarán declararse culpables y ser sentenciados en un proceso que podría prolongarse meses para la mayoría.

La escena ofrece un atisbo del proceso federal de inmigración que lleva a los límites el sistema de justicia estadounidense, abruma a los jueces federales y aumenta el número de hispanos enviados a prisión.

La aceleración de las audiencias en la corte a lo largo de la frontera constituye uno de los motivos principales de un cambio demográfico en las personas enviadas a prisiones federales. Estadísticas reveladas la primera semana de junio señalan que los hispanos representan casi la mitad de todas las personas sentenciadas por delitos federales, una cifra abultada por las trasgresiones inmigratorias. Por comparación, los hispanos representaban el año pasado el 16% de toda la población en Estados Unidos.

Las sentencias por delitos de inmigración, que van desde el cruce fronterizo ilegal hasta el contrabando de personas, representaron un 87% del aumento en el número de hispanos enviados a la cárcel en la última década, según un análisis de los datos de la Comisión Federal de Sentencias.

La tendencia ha dividido a los legisladores y funcionarios en los tribunales y en la frontera. Algunos políticos creen que las audiencias masivas deberían expandirse para contener la inmigración ilegal. Otros se preguntan si los programas distraen a los fiscales de reprimir delitos más graves.

"Hay un uso de los recursos de la justicia penal que no tiene sentido. ¿Acaso estamos sencillamente sumando cifras para que parezca que hacemos más ante los delitos de inmigración y de drogas, o estamos haciendo algo efectivo?", se preguntó el juez federal Rubén Castillo, quien se retiró de la Comisión de Sentencias en diciembre, después de 11 años. "Mi pregunta es, ¿estamos gastando el dinero en la forma adecuada? Yo tendría muchas preocupaciones en este aspecto".

Algunas de las audiencias judiciales expeditivas son parte de un programa Operation Streamline (Operación Eficiencia) que comenzó en el 2005 en Del Río, Texas, y pronto se extendió a otros sectores de la Patrulla Fronteriza. Antes de ese año, los que entraban ilegalmente eran acusados de contravenciones federales, pero muchos inmigrantes mexicanos simplemente eran devueltos tras la frontera.

La Operación Eficiencia y otros programas aceleraron los procedimientos legales. La mayoría de las declaraciones de culpabilidad se presenta en español y miles de ciudadanos mexicanos terminan presos todos los años por entrar al país sin los documentos necesarios.

En la primera vez que alguien es capturado por entrar sin documentos suele ser culpado de una contravención que conduce a la deportación o a un máximo de seis meses en custodia federal. Si vuelven a capturarlos — lo que sucede a menudo — son acusados de un delito llamado reingreso ilegal, el cual conlleva un máximo de una sentencia de dos años de prisión, o más, si tienen antecedentes penales. Algunas sentencias son reducidas mediante acuerdos.

Los fiscales federales en numerosos estados, incluidos los cuatro que colindan con México, han autorizado programas de aceleración para quienes cometen delitos graves. Ello hace posible que los casos se resuelvan aún más rápido

Los programas de justicia acelerada han planteado preocupaciones por los derechos constitucionales de los detenidos y el enorme volumen de trabajo en los tribunales.

Algunos críticos señalan que los programas han sobrecargado el sistema judicial y distraído a las autoridades de la necesidad de combatir delitos más severos.

El debate se intensificó en forma trágica el 8 de enero, el día del ataque a tiros en Tucson, que dejó herida gravemente a la representante federal Gabrielle Giffords.

El principal juez de Arizona, John Roll, quien pereció por los disparos en el estacionamiento de una tienda de abarrotes, había pedido al Congreso la contratación de más jueces en Arizona, el cruce más transitado para los indocumentados y los narcotraficantes.

En aquella mañana invernal, Roll fue al encuentro organizado por Giffords para agradecerle sus esfuerzos por obtener más financiación para las cortes. Minutos después de que el juez formó fila junto a los representados por la legisladora, Jared Loughner comenzó a disparar, según la acusación policial. Roll murió mientras trataba de proteger de los disparos al director de distrito de Giffords, Ron Barber.

"John sólo quería cerciorarse de que la gente tuviera el debido proceso", dijo Barber, quien conoció al juez republicano en la universidad. "Aunque ellos hubieran ingresado ilegalmente, él quería cerciorarse de que sus derechos fueran debidamente protegidos".

Roll supervisaba ya un programa de aceleración de procedimientos para quienes cruzaban ilegalmente la frontera, en las cortes de Tucson. Sin embargo, consideró que las sentencias masivas, diarias y sistemáticas de quienes habían cometido el delito por primera vez generarían nuevos problemas, de modo que pidió a los principales encargados de enfrentar la situación una serie de conversaciones sobre la mejor forma de llevar adelante la Operación Eficiencia.

"Su postura indicaba que debíamos reaccionar, porque no tenemos muchas opciones sobre lo que presentan los fiscales en la corte, pero sí podemos organizar esto en una forma efectiva", dijo Heather Willians, primera asistente de la oficina de abogados públicos federales.

__

Burke reportó desde San Francisco.