El Departamento de Justicia federal llegó el jueves a un arreglo en una demanda que exigía expedientes de la oficina del alguacil del condado de Maricopa, Joe Arpaio, como parte de una investigación sobre los derechos civiles, la cual a juicio del funcionario se concentra en sus patrullajes para detener a indocumentados.

El arreglo no pone fin a la investigación, precisó el Departamento de Justicia.

La demanda fue presentada después de que las autoridades federales se quejaron de que la oficina de Arpaio no cooperaba plenamente con una solicitud de documentos ni con el acceso a cárceles o a entrevistas con empleados. El arreglo señala que la oficina del alguacil ha entregado ya los expedientes y permitido el acceso a empleados y prisiones. Añade que la agencia policial compila otros documentos para cumplir solicitudes adicionales.

"Estamos complacidos por el hecho de que, desde que presentamos nuestra demanda, la oficina del alguacil ha revertido algunas de sus decisiones y ha entregado al Departamento información que hemos buscado", dijo Thomas Pérez, subsecretario de Justicia para la división de derechos civiles, en un comunicado.

La dependencia ha investigado la oficina de Arpaio desde marzo del 2009, por presunta discriminación, allanamientos e incautaciones anticonstitucionales, así como por imponer en las prisiones una política en la que sólo se habla inglés, lo que pondría en desventaja a la gente que no domina esa lengua.

Aunque la agencia federal ha proporcionado pocos detalles de su investigación, Arpaio dijo que ésta se enfoca en sus patrullajes de inmigración, conocidos como "barridas". Durante esos patrullajes, los agentes llegan a una zona de la ciudad — a veces habitada predominantemente por latinos — y permanecen ahí durante varios días, a la espera de detectar a infractores de tránsito y a presuntos delincuentes.

Los críticos dicen que los agentes de Arpaio buscan detener a la gente por infracciones menores de tránsito, con base en el color de su piel, de modo que puedan exigir a esas personas alguna prueba de su ciudadanía.

Arpaio ha negado las acusaciones de caracterización racial y ha dicho que se detiene a la gente sólo cuando los agentes tienen un motivo para creer que han cometido delitos. Luego, los agentes descubren que muchas de esas personas son indocumentadas, según el alguacil, cuya oficina no respondió el jueves a una solicitud de entrevista.