El responsable del organismo oficial dedicado a la lucha contra el lavado de dinero aseguró el jueves que la sanción en el Congreso de una nueva ley sobre esa materia permitirá a Argentina mejorar su reputación en los mercados financieros internacionales.

La Cámara de Diputados convirtió en ley el miércoles un proyecto que tipifica al lavado de activos como delito autónomo y que fue impulsado por el gobierno de Cristina Fernández a pedido de Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para evitar incluir a Argentina en una lista de países que no colaboran en el combate contra el blanqueo de capitales.

"Desde afuera, es un punto de respaldo para la restauración de la credibilidad de Argentina en el mundo financiero", dijo José Sbatella, jefe de la Unidad de Información Financiera (UFI), en entrevista con The Associated Press (AP).

GAFI, organismo intergubernamental integrado por 31 países, alertó a fines del año pasado que Argentina había fracasado en la implementación de un sistema efectivo contra el blanqueo de activos y le reclamó medidas urgentes para evitar sanciones antes de su reunión plenaria el 20 de junio en México.

"Se prometió y se cumplió lo que se dijo que se iba a hacer. Se puso fecha y en la fecha se cumplió con el compromiso de la presidencia y la oposición, porque es uno de los pocas leyes que salió con plena mayoría, casi con unanimidad", destacó Sbatella.

La norma sancionada crea una nueva figura en el código penal: Delitos contra el orden económico y financiero. Con la anterior legislación, una persona era investigada sólo por el delito previo que motivó el blanqueo de capitales, como por ejemplo el narcotráfico.

"Ahora con sólo hacer una transferencia u operación cuyo origen lícito no pueda justificarse automáticamente se pone en marcha una investigación penal, que prevé de tres a diez años de prisión y el decomiso de bienes. Eso es muy importante", destacó Sbatella.

Algunos expertos no comparten la visión del jefe de la UIF.

"La ley es pésima", sentenció Ricardo Tondo, un experto independiente sobre la materia. "La Argentina no está controlando, está viviendo de prestado, dinero negro no controlado".

Entre los puntos más cuestionables de la nueva ley, Tondo mencionó aquel que amplía las facultades de la UIF, que ha estado bajo la lupa por su supuesta desidia para investigar a funcionarios o a allegados al gobierno.

"La UIF tiene la presión presidencial y no tiene independencia", alertó Tondo. El experto también cuestionó los años de condena para los culpables de lavado. "En otros países es mucho más alta", dijo, y añadió que la nómina de personas obligadas a reportar operaciones sospechosas no incluye a abogados independientes y contadores.

Consultado sobre los cuestionamientos al organismo que preside, Sbatella dijo que "la independencia es el criterio de la UIF y la prueba es que estamos colaborando en 80 causas con los jueces", entre las que aparecen personas cercanas al gobierno.