En expeditas votaciones en el Senado y en la Cámara de Representantes, la ley que busca indemnizar a unas cuatro millones de víctimas del conflicto interno colombiano pasó el miércoles a sanción presidencial.

El proyecto de ley fue aprobado por el Senado el 24 de mayo, pero debido a que tenía algunas diferencias en su redacción con respecto al texto aprobado por la Cámara de Representantes, debía pasar por una "conciliación" o que ambas cámaras aprueben un texto homogéneo, lo que sucedió en la jornada.

Tras el visto bueno de ambas cámaras, ahora la ley pasa a sanción del presidente Juan Manuel Santos, quien ha dicho que espera firmarla la próxima semana en un acto simbólico aprovechando la visita del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, invitado al país por el gobierno.

Una de las mayores divergencias que había que subsanar en el texto era que mientras la Cámara aprobó indemnizar a las víctimas a partir del año 1991, el Senado fijó enero de 1985 para ampliar el espectro de personas que puedan resultar beneficiadas.

El Senado aprobó en la jornada por 62 votos a favor y tres en contra el proyecto unificado con el año 1985, según una nota de la cámara alta colombiana divulgada en su sitio de internet. En la Cámara de Representantes la votación fue de 93 a favor y tres en contra.

Los votos en contra han sido o de independientes o del izquierdista partido Polo Democrático Alternativo, que ha dicho que la ley pudo ser más ambiciosa amparando a víctimas desde los años 40 y 50, entre otros puntos que rebate.

La aprobación del texto "es un mensaje de paz, es un mensaje de solidaridad con cuatro millones de compatriotas", dijo citado por la radio Caracol el senador Juan Fernando Cristo, miembro del Partido Liberal, integrante de la coalición oficial de gobierno, y uno de los principales promotores de la ley.

De acuerdo con el gobierno, el costo de la ley varía según el número de personas que se inscriban en el llamado Registro Unico Nacional de Víctimas y que reclamen reparación económica.

Pero de forma individual, cada víctima podrá acceder a un monto máximo de alrededor de 22 millones de pesos (unos 10.000 dólares). El texto también prevé que se devuelvan y titulen tierras a sus legítimos dueños y que fueron usurpadas por grupos armados ilegales en las últimas décadas.

La ley tendrá vigencia por 10 años, al final de los cuales si Colombia sigue sumergida en un conflicto armado interno se podría acudir a una prórroga u otro proyecto de ley, según han explicado legisladores.