El Senado sancionó el miércoles una ley contra lavado de dinero impulsada por el gobierno de Cristina Fernández a pedido del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que amenazó con incluir a Argentina en una lista de países que no colaboran en el combate de ese delito.

La iniciativa, que tipifica al lavado de activos como delito autónomo, fue aprobada con 61 votos a favor y dos en contra.

El gobierno había pedido al Parlamento adecuar la legislación antes de la reunión plenaria del GAFI el 20 de junio en México. Dicho organismo intergubernamental, integrado por 31 países, fija estándares y desarrolla y promueve políticas para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

GAFI alertó a fines del año pasado que Argentina había fracasado en la implementación de un sistema efectivo contra el blanqueo de activos y le reclamó medidas urgentes para evitar sanciones.

"Antes nos decían (desde el gobierno) que todo estaba todo maravilloso. Ahora nos dicen que si antes del 20 (de junio) no hay ley, Argentina puede ser sancionada", se quejó la senadora opositora Sonia Escudero, titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, durante el debate en la Cámara alta.

Escudero advirtió que "no debe ser una ley bajo presión de una amenaza, sino que necesita ser un compromiso de la clase política argentina en la lucha contra la criminalidad organizada".

Pese a las críticas, Escudero y otros senadores de la oposición acompañaron al oficialismo con su voto para evitar una sanción del GAFI que "podría tener consecuencias serias para todo el sector productivo y financiero argentino".

El proyecto aprobado incorpora el lavado en el Código Penal bajo el capítulo "delitos contra el orden económico y financiero". Con la anterior legislación, una persona era investigada sólo por el delito previo que motivó el blanqueo de capitales, como por ejemplo narcotráfico.

La nueva ley contempla penas de 3 a 10 años de prisión y fija multas de "dos a diez veces del monto de la operación".

También se amplía el poder de la Unidad de Información Financiera (UIF), que depende del Ministerio de Justicia, para luchar contra el blanqueo de capitales.