El presidente Rafael Correa dio un ultimátum a los que ejercen la minería ilegal y advirtió que los operativos de control continuarán porque hay indicios de lavado de dinero.

"No vamos a permitir esta minería ilegal ... o mafias de lavado de dinero que sin permiso de nadie hacen caso omiso a la autoridad y la ley, dijo el mandatario durante su programa radial sabatino "Diálogo con el presidente".

Afirmó que los operativos no son contra los mineros artesanales, a quienes ofreció créditos, sino en contra de "gente o riquitos (millonarios) que han estado acostumbrados a hacer lo que les da la gana y en donde hay serios indicios de lavado de dinero".

Calificó de "histórico" el control que se realiza en la provincia de Esmeraldas, a unos 175 kilómetros al noroeste de Quito, donde se destruyó maquinaria valorada cada una en hasta 300.000 dólares, según citó el mandatario.

Correa afirmó que la minería ilegal es un "crimen ambiental" y está generando una "terrible destrucción" no solo a través de la deforestación, sino mediante la utilización de químicos que perjudican el ecosistema y a los pobladores, así como por la alteración de los caudales de los ríos.

Dio un ultimátum a quienes ejercen la actividad en otras provincias del país y aseguró que los operativos autorizados por el juez competente continuarán.

El ministro de Seguridad Interna y Externa, Homero Arellano, ratificó en el mismo espacio la constitucionalidad, legalidad y legitimidad de los operativos efectuados por las Fuerzas Armadas, al tiempo que recordó que la minería ilegal está contemplado en la normativa penal cono un delito sancionado con prisión.

En Ecuador, son considerados mineros artesanales quienes realizan la actividad con una inversión individual que no supere los 36.000 dólares o si son asociados los 72.000.

Según el gobierno, durante 30 años la actividad mineral ilegal no ha sido controlada.