Un juez federal determinó que la ley que prohíbe a las grandes empresas realizar contribuciones a campañas políticas federales es inconstitucional, diciendo que una decisión reciente de la Corte Suprema otorga a las compañías el mismo derecho de donar que tienen los ciudadanos.

En un fallo emitido a última hora del jueves, el juez federal de distrito James Cacheris desechó parte de un acta procesal contra dos personas acusadas de reembolsar ilegalmente a donantes de la campaña al Senado de Hillary Clinton en el 2006 y campañas presidenciales del 2008.

El juez Cacheris señaló que bajo la decisión del año pasado de la Corte Suprema denominada Ciudadanos Unidos, las empresas tienen derecho a contribuir a las campañas de candidatos federales.

La determinación del juez federal en Virginia en la primera de su tipo. El caso Ciudadanos Unidos se había aplicado sólo a gasto corporativo en actividades de campaña de grupos independientes, como anuncios manejados por terceros partidos a favor de una parte, no para dirigir las contribuciones a los candidatos mismos.

Cacheris indicó en su fallo que sólo otra corte había abordado el asunto como consecuencia de la determinación en el caso Ciudadanos Unidos; un juez federal en Minnesota determinó lo contrario: permitir la permanencia de una prohibición estatal a contribuciones corporativas.

"Para bien o para mal, el caso Ciudadanos Unidos sostuvo que no hay distinción entre individuos y corporaciones con respecto al discurso político", escribió el juez Cacheris en su opinión de 52 páginas. "Por lo tanto, si un individuo puede realizar contribuciones directas dentro de los límites (de la ley), no se puede prohibir a una corporación hacer lo misma cosa", agregó.

En documentos de la corte, los fiscales federales que defienden la ley dijeron que revocar la prohibición a contribuciones empresariales pasaría por alto un siglo de precedente legal.

"Los acusados harían que la corte deseche un siglo de jurisprudencia que respalda la prohibición a las contribuciones políticas corporativas, igualando los gastos — lo cual anuló la Corte Suprema con el caso Ciudadanos Unidos — con contribuciones. Esto es, sin embargo, comparar manzanas con naranjas", escribió el fiscal Mark Lytle en su argumentación para que se mantuviera intacta el acta de acusación.

En el punto anulado, William P. Danielczyk Jr. y Eugene R. Biagi estaban acusados de ayudar a canalizar fondos empresariales a la campaña presidencial de Clinton, ahora secretaria de Estado.