Al cumplirse 73 días de la huelga de hambre que realizan cuatro indígenas mapuches en una cárcel del sur del país su estado se ha deteriorado considerablemente, informó la portavoz de los huelguistas.

Dos de los cuatro huelguistas fueron trasladados a un hospital en la sureña ciudad de Victoria.

"Se encuentran estables. Presentan una baja de peso importante y otros problemas asociados a la huelga de hambre, como hipotermia, lo que requiere monitoreo y exámenes permanentes", dijo a la prensa local el médico de ese establecimiento Joaquín Sanzana.

En declaraciones anteriores a radio Cooperativa, Natividad Llanquileo, la vocera mapuche, dijo que los cuatro huelguistas en la cárcel de Angol, a 600 kilómetros de esta capital, han perdido entre 20 y 22 kilos y que además presentan decaimiento general, cefaleas, calambres y arritmia cardíaca, según un informe médico.

Jorge Huenchullán, quien fuera otro de los voceros de los mapuches encarcelados, dijo telefónicamente a la AP desde su comunidad en Angol que "no conozco el informe médico, pero sé que su estado es muy delicado".

Los cuatro mapuches en huelga de hambre fueron condenados por un tribunal a penas de entre 20 y 25 años de prisión por el ataque hace tres años a un fiscal en la zona de La Araucanía, que los mapuches reclaman les fueron arrebatados. Además se les sentenció por robo con intimidación. El fiscal resultó ileso de los disparos que le habrían efectuado a su caravana.

La defensoría publica, que asumió la defensa de los condenados, apeló a la Corte Suprema y pidió la anulación del juicio por considerar que tenía vicios, entre ellos el uso de testigos protegidos anónimos.

La Corte Suprema debe pronunciarse a comienzos de junio pero los mapuches han señalado que no depondrán su protesta hasta que no se anulen sus condenas. Los cuatro participaron el año pasado en otro ayuno de 82 días que concluyó con la mediación del actual arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, y con el compromiso del gobierno de modificar la severa ley antiterrorista que se les aplicó.

Pese a ese compromiso, Llanquileo dijo que el gobierno avaló la aplicación de la ley antiterrorista por parte de la fiscalía al apoyar el rechazo a la nulidad del juicio oral que los condenó. La ley antiterrorista, sancionada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), establece penas muy severas para los procesados. Se podía aplicar incluso a menores de edad, pero esa disposición fue derogada tras las modificaciones introducidas por el gobierno acordadas tras el ayuno mapuche del año pasado.

La portavoz dijo que están a la espera de una nueva intervención del arzobispo Ezzati.

Entre los cuatro condenados se encuentra Héctor Llaitul, un trabajador social mapuche que es considerado uno de los líderes de la Coordinadora Arauco-Malleco, una organización indígena que las autoridades califican de radical y que suele reivindicar ocupaciones de haciendas que estiman les fueron arrebatadas a las comunidades mapuches. Fue condenado a 25 años por el delito de homicidio frustrado del fiscal Mario Elgueta.