Los siete integrantes del comité para el control internacional antinarcóticos del Senado exhortaron el miércoles al gobierno del presidente Barack Obama a exigir declaraciones fronterizas sobre la propiedad de tarjetas prepagadas para combatir la transferencia de fondos que narcotraficantes realizan desde Estados Unidos a México.

En un reporte, titulado "Respuestas de Estados Unidos y México a las organizaciones narcotraficantes mexicanas" y difundido el miércoles, los legisladores sostuvieron que actualmente la ley no obliga a declarar la posesión de las tarjetas prepagadas en la frontera.

A diferencia de las tarjetas prepagadas que inicialmente servían para realizar una sola función, tales como tarjetas telefónicas o la compra de certificados de regalo en tiendas específicas, en años recientes se han popularizado tarjetas de uso múltiple, que permiten realizar transacciones de débito en puntos de venta autorizados, así como recibir depósitos directos y retirar dinero de cajeros electrónicos.

La Oficina estadounidense de Fronteras y Aduanas decomisó entre 2009 y 2010 unos 104 millones de dólares que cruzaban la frontera hacia México, mientras que los narcotraficantes lavan y extraen desde Estados Unidos un estimado anual entre 18.000 millones y 39.000 millones de dólares.

El Departamento del Tesoro no ha cumplido con el plazo impuesto por el Congreso para formular nuevas regulaciones antes de febrero de 2010.

El informe recomendó al Departamento de Estado agilizar la entrega de fondos comprometidos en la ayuda antidrogas a México y a presentar al Congreso un reporte sobre el progreso de la Iniciativa Mérida elaborado con mediciones cuantificables a ser determinadas.

Estados Unidos ha comprometido 1.400 millones de dólares para ayudar en la guerra anticarteles iniciada en diciembre de 2006 por el presidente mexicano Felipe Calderón y que ha dejado al menos 35.000.

El comité, encabezado por la demócrata Dianne Feinstein y el republicano Chuck Grassley, subrayó la necesidad de que México reforme su sistema judicial, ya que apenas 1,55% de los casos judiciales culminan en sentencia firme respecto al 90,3% alcanzado por Estados Unidos en 2008.

Los senadores solicitaron al Departamento de Seguridad Nacional un informe sobre sus necesidades inmediatas en personal e infraestructura en la frontera con México y exhortaron al Congreso a actualizar una ley del 2007 que criminaliza el financiamiento, construcción y uso de los túneles fronterizos.

"La asistencia extranjera por sí sola no será suficiente. Los programas conjuntos de varios despachos gubernamentales deben fortalecerse, particularmente los que combaten el tráfico hacia el sur de dinero y armas de fuego que alimentan las violentas organizaciones narcotraficantes mexicanas", señaló el reporte.

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Luis Alonso Lugo está en twitter como @luisalonsolugo