Angélica Rojas no se emociona al contar que se va de Georgia. Lo único que transmite es tal vez decepción. Habla con tranquilidad de sus planes: sus dos hijas se irán primero a México, ella las seguirá en un par de semanas con su hijo menor. El único que se queda es su esposo, quien seguirá trabajando para sostener a la familia.

"Se ha puesto bien difícil la cosa aquí. El otro año mi hija mayor termina la 'high school' (secundaria) y pues cuesta mucho dinero pagarle los estudios aquí", expresó Rojas, quien se dedica a limpiar casas.

Rojas y su familia se marchan del estado luego de soportar por años lo que describe como un ambiente opresivo creado por la aplicación de varios programas federales de identificación y deportación de indocumentados, ejecutados por las autoridades locales, y, ahora, por una nueva ley de inmigración (HB-87) similar a la legislación aprobada en Arizona en 2010 (SB-1070).

La nueva legislación estatal permite a los policías de cualquier departamento indagar sobre el estatus migratorio de los sospechosos de haber cometido un delito, crea sanciones para personas que transportan o albergan a indocumentados y exige a ciertas empresas verificar la situación migratoria de sus nuevos empleados.

Y a diferencia de la ley de Arizona, la de Georgia convierte en delito presentar documentos falsos para trabajar.

En medio de la bulla que hacen sus hijos, Rojas cuenta que está ansiosa porque volverá a ver a su familia en el Distrito Federal. Pero también tiene dudas sobre lo que pasará una vez se instalen allá.

Sólo está esperando a que sus hijos concluyan las clases para terminar de empacar. Son muchas las cosas que ha acumulado en siete años. Sus hijas, aseguró, están de acuerdo con la decisión de partir, pero su hijo no.

"El no quiere irse, pero ni modo, ahí si le toca irse a donde nosotros digamos", dijo entre risas la mujer, con un dejo de resignación.

Activistas locales temen que, como los Rojas, otras familias hispanas también se vayan de este estado sureño.

"Esta ley fue diseñada para generar temor", dijo el abogado Charles Kuck, ex presidente de la Asociación de Abogados de Inmigración. "Esta no es una ley de inmigración, es una ley antiinmigrantes, diseñada para sacar a la gente corriendo de aquí", señaló el abogado.

Kuck aseguró que la nueva ley de Georgia es peor que la de SB 1070 de Arizona porque hace más daño a la comunidad y al estado y convierte en delito trabajar sin la documentación apropiada.

Pese a que la nueva legislación se convirtió en un motivo más para que Rojas y su familia decidieran partir, la idea de dejarlo todo la vienen arrastrando desde hace un par de meses.

Ella y su esposo viven con temor de ser detenidos y deportados por conducir sin licencia, como ha ocurrido con algunos de sus amigos en el condado de Gwinnett, donde opera el programa de deportación 287(g), que permite a los policías locales indagar el estatus migratorio de quienes caen presos por cualquier delito o contravención menor (como manejar sin licencia), para luego ser entregados al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) para su deportación si son indocumentados.

"Es un riesgo estar manejando por ahí", dice Rojas. "A mi compadre lo pararon por manejar sin licencia y hace apenas 15 días lo mandaron a México".

Además de Gwinnett, también en los condados de Cobb, Hall y Whitfield aplican el programa 287(g) y los efectivos de la Patrulla Estatal de Georgia tienen también facultades para hacer cumplir esa norma. En los primeros tres años de implementación de esta iniciativa se abrieron unos 12.000 casos de deportación a inmigrantes indocumentados, según un estudio publicado por el semanario MundoHispánico a principios del 2010.

Al margen del 287(g), otro programa federal, Comunidades Seguras, autoriza a los policías de los condados a procesar las huellas dactilares de los detenidos en varias bases de datos federales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés), del Departamento de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) y el FBI, entre otras, para determinar si la persona se encuentra ilegalmente en el país.

Más de una docena de localidades cuentan con este programa en el estado y se espera que para 2012 funcione en los 159 condados de Georgia.

Durante el año fiscal 2010 unas 392.000 personas fueron deportadas de Estados Unidos, según el Departamento de Seguridad Nacional. La secretaria del DHS, Janet Napolitano, dijo que Comunidades Seguras y el acuerdo 287(g) fueron vitales para alcanzar esa cifra récord de deportados. El año anterior fueron deportados unos 350.000 extranjeros y en 2004 fueron expulsados unos 174.000.

Después de que entró en vigor la ley de Arizona, unos 100,000 hispanos salieron del estado según un estudio de la fundación BBVA Bancomer.

No hay estadísticas en cuanto al impacto económico que ha tenido la ley, pero sí algunos estimados. Un informe del Center for American Progress reveló que la industria del turismo y las convenciones de Arizona perdió al menos 45 millones de dólares en concepto de alojamiento y 141 millones por comida, transporte y entretenimiento en los meses siguientes a la firma de la SB1070. También está el impacto de los boicots económicos que se han planeado en contra del estado, pero estos no han sido aun cuantificados.

Ahora, los activistas temen que muchas de esas personas --y las que siguieron llegando atraídas por el progreso del área metropolitana de Atlanta-- regresen a sus países de origen o se marchen a otros estados.

"Entendemos que la gente está enojada y asustada", dijo Adelina Nicholls, directora ejecutiva de la Alianza Latina Pro Derechos Humanos de Georgia (GLAHR, por sus siglas en inglés), una de las agrupaciones que ha organizado protestas en contra de la HB87. "No podemos detener a quien se quiera ir, pero ya no hay para donde hacerse, más que salir y luchar por una reforma migratoria"

GLAHR ha hecho un llamado a que el 1 de julio, fecha en la que entran en vigor varias provisiones de la nueva ley, los hispanos no vayan a los comercios y a trabajar para manifestar su rechazo a la legislación.

Una marcha podría seguir esta acción, según la activista.

Nicholls aseguró que es consciente de que algunas personas dejarán el estado, pero no por la ley sino por el "acoso racial y policíaco" que han desencadenado el 287(g) y Comunidades Seguras.

Las cifras más recientes del Censo indican que en Georgia residen alrededor de 850,000 hispanos. En la última década esta población creció un 96%, aunque la explosión demográfica más grande ocurrió entre 1990 y 2000, cuando la población latina creció un 300%.

Este crecimiento coincide con la celebración de los Juegos Olímpicos en Atlanta en 1996. Las obras para esos juegos atrajeron a trabajadores de la construcción y de la industria de servicios, la mayoría de ellos mexicanos.

Jerry González, director ejecutivo de la Asociación de Funcionarios Latinos Elegidos de Georgia (GALEO, por sus siglas en inglés), hizo un llamado a la mesura y recordó que legislaciones similares a la HB87 en Arizona y Utah no pudieron entrar en vigor en su totalidad porque fueron cuestionadas en los tribunales.

"No quiere decir que no hay que preocuparse, pero no hay que perder la calma", señaló González.

El abogado Kuck forma parte de un grupo de personas y organizaciones que planean acudir a los tribunales por considerar que la HB87 es inconstitucional. En este grupo se encuentran la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), el National Immigration Law Center y el Southern Poverty Law Center y podrían sumarse otros.

El abogado, al igual que los activistas sospecha que algunas personas se irán de Georgia, aunque admitió que es difícil predecir qué pasará.