El primer ministro griego, Yorgos Papandréu, no logró hoy un consenso con los principales partidos de la oposición para apoyar el nuevo conjunto de severas medidas de recortes de gasto y privatizaciones de empresas estatales, que también rechazan los sindicatos del país.

"Ante una nueva tormenta de recortes, aumento de impuestos, privatizaciones, despidos y limitaciones de derechos de jubilación, nosotros respondemos que no", advirtió hoy el sindicato griego de funcionarios públicos Adedy en un comunicado en el que se convoca una manifestación en Atenas para el sábado 4 de junio.

El sindicato está preparando además una "nueva huelga de 24 horas junto con la Confederación de Trabajadores de Grecia (Gsee) para el 21 de junio, fecha casi segura en un 99 por ciento", informó a Efe hoy en Atenas Ilias Iliópulos, portavoz de Adedy.

La fecha definitiva del paro será confirmada una vez que el Gobierno concluya las modificaciones del programa que anunció el lunes y "se confirme que pretende despedir a miles de funcionarios", añadió el portavoz sindical.

Aparte del partido de la extrema derecha LAOS, el resto de las formaciones políticas de derecha e izquierda, así como los diputados independientes, se negaron hoy a apoyar este último plan de ajuste anunciado por el Gobierno de Papandréu, debido a discrepancias sobre los mayores impuestos y las privatizaciones apresuradas.

Parte del plan son medidas inmediatas para evitar una quiebra del país y con las que el Gobierno heleno quiere convencer a sus socios europeos de que está dispuesto a todo sacrificio para ajustar su déficit presupuestario.

Papandréu dijo estar dispuesto a escuchar propuestas reales que contribuyan a cumplir el objetivo de reducir el déficit y hacer frente a la deuda, pero si no consigue un acuerdo con la oposición, deberá sacar adelante en junio el impopular plan con el apoyo de su partido, que tiene mayoría en el Parlamento.

Pero antes se espera conocer este viernes el resultado de la evaluación de la Unión Europea (UE), del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Central Europeo (BCE) sobre el programa griego de recortes por valor de 28.000 millones de euros, y de privatizaciones valoradas en 50.000 millones de euros, para un periodo hasta 2015.

Los socios europeos de Grecia deberán luego decidir sobre un nuevo apoyo financiero a este país miembro de la zona del euro, que pese a un rescate trienal de 110.000 millones de euros otorgado en 2010, no ha logrado ponerse en pie hasta ahora, en medio del creciente escepticismo de los mercados financieros.

Del resultado de la inspección que inician este martes los jefes de misión de la UE y del FMI dependerá la entrega del quinto tramo de ayuda externa de 12.000 millones de euros, sin el cual el país podría entrar en quiebra, ha advertido el ministro de Finanzas griego, Yorgos Papaconstantínu.

"Está claro que esta evaluación no es una corriente, sino que es mucho más complicada y que el FMI (que contribuirá con los 3.300 millones de euros) ha dejado claro que no puede otorgar el tramo si no tiene garantías de que si en 2012 Grecia necesita de apoyo, la UE se lo dará", resaltó anoche el ministro en una entrevista al canal privado de televisión griega "Skai".

"Si no recibimos el quinto tramo, no podremos pagar sueldos ni pensiones, ni pagar las obligaciones del Estado y cerraremos la tienda", alertó Papaconstantínu.

La implementación de las medidas adicionales y la aceleración de las privatizaciones son una condición inflexible para que Grecia continúe recibiendo el apoyo de sus socios europeos, comentó a Efe un economista ateniense.

Las medidas anunciadas el lunes por Papandréu tienen el objetivo de reducir el déficit fiscal al 7,5% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2011, desde el 10,5% con que terminó 2010.

Adriana Flores Bórquez