Vecinos de una barriada al norte de la capital costarricense saltaron el martes a la calle para protestar por la posible llegada de dos presuntos narcotraficantes mexicanos a quienes se les daría el beneficio de cumplir arresto domiciliario.

Las autoridades judiciales acordaron dar el beneficio de casa por cárcel a los dos sujetos, identificados con los apellidos Martínez Trujillo y Mendoza Rivera, capturados en octubre de 2010, un día después que se precipitara en una zona de la capital una avioneta con un cargamento de 177 kilos de cocaína.

La aeronave, propiedad de Martínez, era piloteada por otro extranjero identificado con los apellidos Monzón del Cid, quien se mantiene hospitalizado. A Martínez y a su empleado, Mendoza Rivera, los detuvieron cuando intentaron cruzar por tierra hacia Nicaragua.

A los tres la fiscalía los señala por el delito de posesión de droga para el tráfico internacional, según acusación presentada el lunes y divulgada el martes por la oficina de prensa.

"¡Narcos fuera!", decía uno de los carteles que portaban los habitantes de un barrio del municipio de Moravia acompañados por el alcalde Juan Pablo Hernández, quien afirmó que las autoridades locales apoyarán a los vecinos e incluso llamó a todos los residentes de la zona a estar alertas para denunciar la presencia de los extranjeros en alguna otra residencia.

Hernández había alertado a los vecinos con anterioridad sobre la llegada de los mexicanos a una casa de la zona.

"Somos respetuosos de la ley... pero si es cierto que se trata de esos reos, se convierte en un peligro para todos los que vivimos aquí", dijo a Telenoticias del canal 7 Franklin Sandí, del comité de vecinos, quien junto a unas 20 personas mantenían una protesta frente a la vivienda que se presumía sería alquilada por los mexicanos.

"Pedimos a las autoridades judiciales que analicen cómo esto afectaría a una comunidad tan tranquila como ésta", enfatizó.

Los dos foráneos se mantienen detenidos en el centro penal La Reforma y su caso será analizado de nuevo el miércoles.

Esta es la tercera ocasión que se trunca el traslado de los dos extranjeros desde un centro penitenciario a una vivienda.

La semana pasada los propietarios de un lujoso apartamento al oeste de San José cancelaron el contrato de alquiler tras enterarse de quiénes serían sus inquilinos.

Luego la opción se trasladó a Guadalupe, al noreste de la ciudad pero los habitantes se manifestaron contra sus futuros vecinos. Finalmente las autoridades rechazaron esa opción al considerar que la casa no cumplía con los requisitos de seguridad necesarios.