El Frente Amplio fracasó el viernes en su intento por eliminar una ley de amnistía a militares luego de que un diputado rechazó el proyecto por "razones de conciencia" y se retiró de la sala, lo que deja fracturado al oficialismo uruguayo y debilitado al presidente José Mujica, que apoyó la iniciativa.

Sin embargo, Mujica descartó que esta instancia vaya a derivar en una fractura de su fuerza política.

El Frente Amplio necesitaba los votos de sus 50 representantes en la Cámara de Diputados, que tiene 99 escaños, para anular la amnistía a los militares acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de 1973 a 1985, pero la negativa del diputado Víctor Semproni hizo naufragar el proyecto que ya había recibido media sanción del Senado.

En declaraciones al Canal 10 de televisión, Mujica dijo que el resultado de la votación fue "una pena" y que este asunto queda como un tema pendiente.

Consultado sobre el futuro del diputado Semproni, Mujica señaló que es un tema que discutirá el Frente Amplio. "Hice lo posible para que acompañara la decisión política de la fuerza, pero no fue posible", señaló.

El mandatario se mostró preocupado por la unidad de acción de la coalición de gobierno, aunque descartó un riesgo de quiebre político.

"No, no creo que pase eso. Pienso que tenemos el grado de madurez suficiente (para que no pase). A mi me preocupa la unidad de acción de la fuerza política, lo cual no quiere decir que todos piensen igual. Una fuerza libre tiene que tener libertad de opinión", expresó Mujica.

César Aguiar, director de la consultora Equipos Mori, dijo al semanario Búsqueda que "este es un punto de inflexión para el presidente. Parece difícil que salga indemne de este episodio".

Su colega Luis E. González, de la empresa Cifra, aseguró que "la posición del presidente fue derrotada y habrá consecuencias negativas para su liderazgo".

El voto negativo de Semproni, quien integró las fuerzas de la organización subversiva tupamaros al igual que Mujica, impidió que el Frente Amplio lograse la mayoría para eliminar la llamada Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.

Semproni, quien sufrió presiones políticas para que modificara su posición, se mantuvo firme.

"Aceptamos la disciplina mientras no afecte la conciencia. Esto no transita por el camino de la disciplina partidaria. Es un tema de conciencia y por eso no lo podemos hacer", dijo Semproni durante el extenso debate.

El prosecretario de la presidencia Diego Cánepa lamentó que Semproni no acatara la decisión del Frente Amplio y señaló que a pesar del fracaso legislativo quedó "claro que existe una conciencia que en Uruguay la impunidad debe terminar", según citó el diario El País en su versión digital. Cánepa sostuvo que "nadie está orgulloso de la ley" de amnistía pero que el gobierno debe centrar su atención "en seguir gobernando".

"El tema de fondo es luchar contra la impunidad", agregó.

El secretario general del partido Comunista y senador Eduardo Lorier dijo a la AP que intentarán revertir la situación y recordó que el gobierno fue instado a "eliminar obstáculos" que impidan aplicar la ley en un fallo reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). Pero expertos han señalado que el fallo no obliga a revisar el ordenamiento interno legal de Uruguay.

Lorier recordó asimismo que Mujica primero pidió a los diputados no sancionar la anulación pero fue sobrepasado en los hechos por la mesa política y el plenario nacional del Frente Amplio, dos organismos internos de la coalición, que decidieron votar la eliminación. Mujica solicitó entonces a Semproni que la votara para evitar un quiebre dentro del oficialismo, pero su pedido tampoco tuvo eco.

La votación se produjo cerca de las 05.00 del viernes (0800 GMT) en medio de una profunda tensión y con el Palacio Legislativo rodeado por unos centenares de militantes en el marco de un paro general convocado por la principal central obrera.

Constitucionalistas habían advertido que la anulación de la ley de amnistía --sancionada en 1986 como contraparte de la amnistía de 1985 a los tupamaros y presos políticos-- implicaría una violación de la carta magna al desconocer los plebiscitos de 1989 y 2009 en los que la llamada norma fue respaldada por la ciudadanía.

"El sabor que me deja esta jornada es que no hubo vencidos ni vencedores, pero sí prosperó el mantenimiento del espíritu democrático y de justicia con lo votado por el pueblo uruguayo. Seguiremos trabajando por el reencuentro de todos los uruguayos y por su porvenir", dijo a la AP el diputado del opositor partido Colorado Gustavo Espinosa.

Durante el debate de 14 horas los legisladores de los cuatro partidos representados --el Frente Amplio, Nacional, Colorado e Independiente-- llevaron a Uruguay a un túnel del tiempo que arrancó en 1963 cuando los tupamaros se alzaron en armas buscando el poder con asesinatos, secuestros, robos e incendios. El grupo fue aplastado en 1972 por las fuerzas armadas.

En ese año se instauró por el Congreso aún vigente "el estado de guerra interna" y en junio de 1973 se produjo el golpe de Estado, tras el que las fuerzas armadas prosiguieron con la represión antisubversiva.

Los frenteamplistas alegaron que la represión se convirtió en terrorismo de Estado pues la organización tupamara ya estaba derrotada y con sus líderes presos --entre ellos Mujica-- y otros en el exilio.

La anulación de la ley había recibido media sanción del Senado el 12 de abril y causó las primeras fisuras al oficialismo: el senador y ex tupamaro Eleuterio Fernández Huidobro renunció tras votar a favor y el senador Jorge Saravia votó en contra y quedó con un pie afuera del Frente Amplio.

Pese a la vigencia de la amnistía fallos de la Suprema Corte han permitido que una decena de uniformados estén presos desde 2006 acusados de violar los derechos humanos fuera del Uruguay actuando en coordinación con servicios de seguridad de la dictadura argentina.

Durante la dictadura militar desaparecieron 29 personas en Uruguay y unos 150 uruguayos en Argentina.