Las comunidades Ashaninka de la cuenca del río Ene, asentadas en el centro de Perú, exigieron al Gobierno peruano la suspensión de la construcción de una represa hidroeléctrica que abastecerá de energía a Brasil, informó hoy una organización indígena en Lima.

Según el comunicado difundido por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la construcción de esa represa significaría para los Ashaninka la obligación de abandonar sus tierras.

La concesión temporal otorgada el año pasado por el Gobierno peruano a la constructora brasileña Odebrecht "se superpone sobre el territorio de cinco comunidades nativas de la cuenca del río Ene: Samaniato, Unión Puerto Ashaninka, Centro Caparocía, Potsoteni y Meteni", señala la nota .

Esa concesión "fue otorgada sin informarnos ni consultarnos (...) colocándonos así en una situación de vulnerabilidad y demostrando falta de respeto del Gobierno hacia nuestra forma de vida y nuestros derechos", agregó el pronunciamiento de los pueblos Ashaninkas, asentados en el distrito de Río Tambo, provincia de Satipo en Junín.

El Gobierno peruano firmó el año pasado un acuerdo con Brasil para exportar energía a ese país con los excedentes que generen las hidroeléctricas que se construirán en asociación en la región Junín.

Sin embargo, los pueblos indígenas han rechazado esos acuerdos y pedido que se anulen las concesiones temporales emitidas: "El río Ene es el alma de nuestros territorios: alimenta a los bosques, animales, plantas, sembríos y sobre todo a nuestros hijos", según el pronunciamiento.

La organización Ashaninka citó que sus derechos están consagrados en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que obliga a los Estados a realizar una consulta previa sobre los proyectos de inversión en sus territorios.

Precisamente, el Gobierno peruano aprobó la semana pasada un reglamento que regula el derecho de consulta a los pueblos indígenas.

Sin embargo, la Ley de Consultas aprobada por el Congreso peruano sigue sin promulgarse después de que el Ejecutivo emitiera varias observaciones, principalmente porque no aceptaba que cualquiera de las partes -los indígenas o el Gobierno- tuviera derecho de veto ante un proyecto energético.

La Ley de Consultas ha sido una de las más polémicas del Gobierno de Alan García, no solo porque éste se ha negado a reconocer el derecho de veto, sino porque siempre ha considerado que los pueblos indígenas son propietarios del suelo que habitan, pero no del subsuelo y sus riquezas, que pertenecen a todos los peruanos. EFE