Hombres armados mataron a cuatro policías municipales y a otros dos civiles en el centro de una ciudad del sureño estado de Guerrero.

La policía del estado de Guerrero dijo que otras dos personas resultaron heridas cuando el comando armado disparó el lunes contra los policías locales en la ciudad de Coyuca de Catalán, a 280 kilómetros de la ciudad de México.

Autoridades de Guerrero dijeron que los cuatro policías, así como un conductor de taxi y una vendedora de comida murieron en la escena del crimen.

Más de 35.000 personas han muerto en hechos relacionados al narcotráfico, desde diciembre del 2006 cuando el gobierno declaró la lucha contra cárteles de droga.

La violencia se debe a enfrentamientos entre bandos contrarios de narcotraficantes, pero el gobierno también ha dicho que la corrupción en agencias policiacas y fiscalías propicia o da lugar a crímenes.

El gobierno de México dijo el lunes que casi la mitad de altos mandos estatales en la república no se someten a exámenes de confianza.

El vocero del gobierno para cuestiones de seguridad, Alejandro Poiré, dijo que el gobierno federal ha acelerado la labor de depuración de fuerzas federales mientras que los estados se han quedado atrás en purificar a policías locales y ministerios públicos.

"El gobierno federal no permitirá que los delincuentes avancen sobre instituciones debilitadas", dijo Poiré.

Juan Alcántara Soria, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dio a conocer los estados que menos rinden cuentas en evaluación de funcionarios de altos rangos como lo son jefes policiacos estatales, procuradores y secretarios de gobierno.

De 376 autoridades, 178 habían sido evaluados. Los estados de Yucatán, Estado de México y Nayarit no habían evaluado a ningún oficial de alto mando. Los estados de Sonora, Baja California Sur y Guerrero examinaron a menos del 20% de sus funcionarios de alto mando.

Poiré dijo que 1.152 de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), han sido evaluados en el país desde agosto del 2010. El gobierno despidió a 200 de esos agentes — siete de alto rango — y 40 son investigados por casos relacionados con derechos humanos y otros abusos. Poiré agrego que 50.000 elementos de instituciones federales han sido examinados con controles de confianza.

"A estas acciones concretas, deben sumarse resultados con mayor contundencia", dijo Poiré refiriendo que los estados deben acelerar evaluaciones a funcionarios de altos rangos.

Recientemente decenas de centroamericanos señalaron a agentes migratorios federales de haberlos detenido y entregado a miembros del crimen organizado en el estado norteño de Tamaulipas. En las últimas semanas, varios indocumentados fueron secuestrados y rescatados en la ciudad de Reynosa, frontera con la ciudad texana de McAllen.

El gobierno detuvo a seis agentes migratorios quienes fueron identificados por los indocumentados.

El mes pasado se descubrieron fosas comunes con 183 cadáveres en el estado de Tamaulipas. El gobierno ha dicho que algunas de las víctimas eran migrantes que buscaban llegar a suelo estadounidense y que fueron secuestradas en autobuses.

Aunque es un estado que ha registrado los ataques más mortales relacionados al narcotráfico, Tamaulipas evaluó a siete de sus ocho funcionarios de alto mando, de acuerdo con los resultados divulgados por el secretario ejecutivo.