Los legisladores de Utah aprobaron una ley sobre inmigración que, confiaban, no correría la misma suerte que un proyecto similar de Arizona que terminó en los tribunales.

Sin embargo, 14 horas después de que la legislación entró en vigor, estaba también en el escritorio de un juez federal.

Mientras esos casos son ventilados en las cortes, otros estados que buscan formas de combatir la inmigración ilegal siguen de cerca lo que sucede. En Georgia el gobernador acaba de sancionar un proyecto similar al de Utah. Y la legislatura de Alabama está considerando otro.

El tropiezo legal de la legislación de Utah podría hacer que otros estados lo piensen dos veces antes de seguir adelante con iniciativas parecidas. Después de todo, los legisladores de Utah habían consultado con abogados para tratar de evitar que surgiesen los mismos cuestionamientos jurídicos que generó el proyecto de Arizona.

En el fondo, el problema sigue siendo el mismo, según los académicos: La inmigración entra dentro de la esfera del gobierno federal y cualquier estado que intente decirle al gobierno nacional cómo hacer cumplir las leyes de inmigración corre peligro de incurrir en actitudes inconstitucionales.

Los tribunales han sido de ese parecer hasta ahora. La decisión de un juez de distrito de dejar en suspenso aspectos claves del proyecto de Arizona fue refrendada por un tribunal de apelaciones, tras lo cual la gobernadora de ese estado Jan Brewer dijo que está dispuesta a acudir a la Corte Suprema.

"La principal razón de que lo de Arizona no funcione es que el estado está haciéndose cargo de las leyes de inmigración", que son de competencia federal, señaló el profesor de derecho de la Universidad Estatal de Arizona Paul Bender. "La legislación de Utah es inconstitucional por las mismas razones".

Si bien la legislación de Utha podría ser descartada porque usurpa la autoridad federal, el estado tomó sus recaudos y su proyecto no es "tan abiertamente inconstitucional", pues no incluye dos aspectos que sí incorporaba la ley de Arizona, según Bender.

Por un lado, se eliminó una cláusula que obligaba a la policía a corroborar la ciudadanía de una persona si hay "sospechas justificadas" de que está en el país ilegalmente, haya o no cometido un delito. Bender opinó que ello es imposible sin incurrir en una caracterización racial.

El proyecto de Alabama incluye la cláusula sobre sospechas justificadas, pero el senador estatal republicano Scott Beason asegura que el proyecto no viola la constitución.

La legislación de Utah estipula que la policía debe corroborar la ciudadanía de una persona si es detenida por un delito grave. Si se cometió una infracción menor, queda a discreción del agente el que averigüe el status migratorio o no, pero puede hacerlo únicamente si la persona no tiene una identificación válida.

La policía de Georgia tendrá autoridad para corroborar la ciudadanía de toda persona que haya cometido un delito, pero no se le exigirá que lo haga si la persona no es encarcelada.

Otro cambio que hicieron ambos estados es que sus legislaciones se enfocan en las personas que han cometido delitos, a diferencia de Arizona, que permitía que la policía investigase prácticamente a cualquiera, indicó Bender.

En Utah, por otro lado, en el 2013 entrará en vigor un programa que permite a los indocumentados con trabajo vivir y trabajar en el estado. Por ello, se considera que la legislación de Utah es mucho más moderada que la de Arizona.

No ha habido demasiadas protestas en Utah ni se han registrado amenazas de muerte y boicots, como sucedió cuando se aprobó la ley de Arizona el año pasado. En Georgia, en cambio, sí ha habido manifestaciones de miles de personas y amenazas de boicot, a pesar de que los dos proyectos son casi idénticos.

Los legisladores de Utah dicen que su proyecto acata una serie de principios elaborados por líderes religiosos y empresariales, que buscan un equilibrio entre la ley y la compasión.

La mayoría de las críticas al proyecto se enfocan en un programa de trabajadores temporales, que algunos sectores consideran una amnistía.

El hecho de que no haya una gran oposición no quiere decir que la legislación de Utah no viole la constitución.

"Comprendemos que quieran tomar distancia de la legislación de Arizona", comentó Karen Tumlin, abogada del Centro Nacional de Leyes de Inmigración (National Immigration Law Center), que demandó al estado junto con la Unión de Libertades Civiles (American Civil Liberties Union). "Pero si uno lee el proyecto, surgen los mismos problemas".

Al igual que en Arizona, las legislaciones de Utah, Georgia y Alabama le dan a la policía muchas más atribuciones que las que tolera el gobierno nacional. La detención de un sospechoso de ser indocumentado que no ha cometido un delito grave --algo contemplado en todas las legislaciones-- rebasa la autoridad de un estado.

"La principal atribución del servicio de inmigración es controlar las fronteras", expresó Raquel Aldana, profesora de leyes de la Universidad del Pacífico en California. "Las controlan decidiendo quien puede entrar, quien no y quien debe irse. Un estado no tiene mucho que decir al respecto".

Pero promotores de las legislaciones de Georgia y de Utah no están de acuerdo.

El representante estatal republicano de Georgia Matt Ramsey afirma que la legislación de Arizona contradijo la Constitución al estipular que el no tener papeles es un delito grave. Ello implica que el estado puede arrestar a un indocumentado incluso si el gobierno federal le dice que lo libere.

"Nosotros no establecimos ningún delito relacionado estrictamente con el status migratorio", indicó Ramsey. "Lo que queremos es identificar a las personas que ingresaron ilegalmente al país. Lo que suceda con ellas es asunto del gobierno federal".

Ramsey opina que, tarde o temprano, surgirán legislaciones que permitirán a los estados combatir más severamente a los indocumentados sin violar la constitución.

Uno de los promotores de la ley de Utah, el republicano Stephen Sandstrom es de la misma opinión. Dice que pasó meses analizando el proyecto, que en un primer momento era idéntico al de Arizona, y que se estudiaron detenidamente las objeciones a la legislación de Arizona.

"Nos quisimos asegurar de que era todo constitucional", manifestó.

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En este despacho colaboraron los reporteros de AP Kate Brumback (desde Atlanta) y Phillip Rawls (Montgomery, Alabama).

Josh Loftin puede ser contactado en http://twitter.com/joshloftin.