El gobierno panameño manifestó el jueves su compromiso con la libertad de expresión, en respuesta al llamado de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) de que investigue una serie de campañas de desprestigio contra comunicadores.

En un correo electrónico enviado a The Associated Press, la subsecretaria de Comunicación del Estado, Astrid Salazar, sostuvo que el gobierno del presidente Ricardo Martinelli "ha reiterado su compromiso con la libertad de expresión, el derecho al acceso de la información y respalda el ejercicio del periodismo responsable, columna vertebral de todo sistema democrático".

Para el gobierno, cualquier periodista que se sienta perjudicado, "está en su derecho" de denunciarlo.

Asegura, a su vez, que "ningún miembro del Consejo de Gabinete o directores de instituciones públicas han presentado alguna acción legal en contra de ningún periodista ni medio masivo de comunicación".

La SIP, cuya sede está en Miami, señaló el martes que el objetivo de las campañas contra los periodistas es "corroer la credibilidad de la prensa" lo que representa una "grave fisura a la libertad de expresión".

Varios periodistas panameños, entre ellos una editora del diario La Prensa, Lina Vega Abad, fueron insultados y desprestigiados en las últimas semanas en vídeos colocados en YouTube de manera anónima y en publicidades televisivas, indicó la SIP en un comunicado de prensa.

En los mensajes se cuestiona la trayectoria profesional y personal de Vega Abad.

"Es evidente que los periodistas son desprestigiados con el objetivo de dañar su reputación y así corroer su credibilidad ante la sociedad", manifestó el presidente de la SIP, Gonzalo Marroquín.

De acuerdo con la SIP, se trataría de una represalia por los informes de la periodista sobre irregularidades en el gobierno.

Por otra parte, una publicidad televisiva del oficialista Partido Cambio Democrático difundida el pasado fin de semana cuestiona la honorabilidad del reportero Santiago Cumbrera también del diario La Prensa. Según la SIP, el periodista había investigado la difusión de cables de WikiLeaks que comprometerían a funcionarios.

El Colegio Nacional de Periodistas de Panamá rechazó el aviso publicitario señalando que "la actitud mostrada por el partido en el poder, demuestra la poca capacidad de tolerancia democrática a hechos que han sido revelados por fuentes informativas".